Desaparecerán los bosques

Salvajes e incultos, según los europeos, nuestros antepasados enseñaron a los “civilizados” del primer mundo cómo tener una relación armoniosa con la naturaleza. Cuestión que todos también debemos tomar en cuenta. En particular, los centralistas feudales que pretenden imponerse en los derechos de uso, manejo y control de los bosques.

Los centralistas acumularán el agua, la fotosíntesis de los árboles (el carbono), la polinización, la fertilidad del suelo, el conocimiento ancestral sobre plantas, la cultura, la identidad espiritual de los pueblos en servicio ambiental, a través de contratos, proyectos o programas que ofrecen una cantidad de dinero insignificante.

El pastoreo, el riego, la siembra, caza, pesca, el libre tránsito, la utilización de los árboles para cualquier fin doméstico o comercial, el mantenimiento de la cultura y la identidad, lo tradicional, quedaran en manos de los mercaderes del carbono, señores feudales transnacionales, con poder coercitivo que podrán aplicar castigos económicos, judiciales y penales en contra de los pequeños propietarios.

Por su parte, el Estado se apoderará de la naturaleza, el conocimiento y la cultura de los pueblos para administrarlos, manejarlos, venderlos, negociarlos, etc. a través de diferentes mecanismos.

Porque ahora los recursos naturales y la biodiversidad son considerados recursos estratégicos y por lo tanto, el Estado se reserva la titularidad sobre ellos y como tal ejerce la rectoría, la administración, la regulación, el control y la gestión de los mismos. En el mejor de los casos, los titulares reales de los derechos, pueden ser partícipes del aprovechamiento de los recursos a los que han accedido de manera tradicional, pero de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo impuesto.

La Constitución Política del Estado, en su Art. 313, dice: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

En los últimos 4 años, en el país se han dado cambios significativos para la promoción de las plantaciones forestales, incluyendo aquellas destinadas a la capacitación de CO2. Las experiencias han sido polémicas, en provincias como Manabí, pese a una gran propaganda del Consejo Provincial, los resultados han sido pobres.

Las plantaciones forestales ocupan los suelos que eran para el uso de agricultura de las comunidades locales, por más de 15 años, desplazando por lo tanto a las actividades económicas tradicionales, y provocando el empobrecimiento de las comunidades. El beneficio por la venta de la madera que reciben las comunidades es mínimo por la cantidad de oferta que existe.

Las plantaciones absorben mucha agua, se calcula que en promedio un árbol absorbe alrededor de 30 litros de agua por día, en una hectárea se plantan 1.000 árboles.

En todo caso, con la idea de exportar “bioconocimientos” y se le otorga al Estado toda la potestad de decidir con quienes negociarlos. Los principales servicios ambientales de los ecosistemas son, entre otros los siguientes:

Formación y conservación de suelos; flujo, fijación y reciclaje de nutrientes reducción de sedimentos y erosión; reducción de riesgos de deslaves e inundaciones: conservación de cuenca hidrográfica y mantenimiento de las fuentes de agua; conservación de la biodiversidad y provisión de belleza paisajística; control biológico de plagas y enfermedades; polinización; regulación de la dinámica de poblaciones; planificación, filtración y desintoxicación del aire, agua y suelo; regulación de gases con efecto invernadero.

Es decir, el Estado decidirá sobre los aspectos fundamentales de la vida misma, el programa Socio Bosque que se está implementando desde diciembre del 2008, es decisivo.

Socio Bosque es un programa de incentivos monetarios directos anuales por hectárea de bosques, entregados por el Gobierno a los propietarios individuales o comunidades que deciden voluntariamente proteger sus bosques nativos.

Los fondos de este programa provienen del Presupuesto General del Estado y de donaciones internacionales, que se emplean convenios firmados con dirigentes comunitarios, en un tiempo récord. Los individuos o comunidades que firman por el contrario tienen muy bien definidas sus obligaciones, bajo amenaza de sanciones de orden administrativo, civil o penal en caso de incumplimiento del contrato.

Existe una cláusula en la que se compromete al ejecutor a que en caso de traspaso de propiedad debe haber una cláusula específica de que el nuevo propietario asume los compromisos del contrato de sociobosque, caso contrario se debe proceder como salida anticipada del proyecto.

En caso de salida anticipada del proyecto por parte del propietario, este debe cancelar hasta la mitad del dinero recibido del Estado por el contrato durante toda su permanencia en el proyecto. El contrato se someterá a las leyes, reglamentos actuales y a futuras normas que el Ministerio pudiera dictar, quedando los pequeños propietarios en total vulnerabilidad en cuanto a la tendencia y control de sus propiedades.

En el Ecuador quedan alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques naturales. Se quiere incluir 4 millones de estas hectáreas en el programa Socio-Bosque. Los otros 6 millones de estas hectáreas ya se están perdiendo debido a la extracción petrolera y minera, por causa de la expansión de cultivos de palma aceitera y otros cultivos de agroexportación. En una palabra, desaparecerán los bosques.