Las páginas de los periódicos independientes multiplicamos las voces con un único mensaje: libertad de expresión. La iniciativa del periódico de Guayaquil, El Universo, ha sido acogida fraternalmente por El Mercurio de Manta, Decano de la prensa manabita, y hoy como aquél 9 de diciembre, vibran los testimonios de los periodistas más reconocidos del país. Entre ellos, por cuestiones de espacio, el de Carlos Jijón, Ana Mariela Cevallos, Jorge Ortiz, Jorge Vivanco, María Alejandra Torres, Alfredo Pinoargote, Patricia Estupiñán, Francisco Febres Cordero, Xavier Segarra y Alfredo Espinosa de los Monteros.
Carlos Jijón. Teleamazonas: el ordenamiento legal existente garantiza y regula los derechos a la libertad de información y expresión. Pero se intenta darle al poder político capacidad para clausurar un medio, lo que hará que los medios opten por no publicar la información que a los políticos pueda molestar o la opinión de los ciudadanos que discrepen. El temor a ser cerrados estará latente, pues habrá un Consejo politizado, con mayoría gobiernista, que coarta la libertad.
Ana Mariela Cevallos. Diario El Universo: la ley de comunicación oficialista es un intento de proyecto para acallar a los medios, con un enfoque de control, de censura y de sanción. Es una ley que no está pensada para largo plazo, sino para una coyuntura política no dispuesta a que la comunicación represente apropiadamente el pluralismo de la sociedad, y que los flujos de información no corran en todos los sentidos y direcciones, sino solo desde el Gobierno hacia la ciudadanía.
Jorge Ortiz. Teleamazonas: no es necesaria una Ley de Comunicación. Las leyes civiles y penales son suficientes para impedir cualquier exceso de la prensa. Esta es, evidentemente, una Ley de Medios y, para colmo, duramente represiva. Coarta la libertad de información. Precisamente para eso fue incluida en la Constitución. Solo nos enteraremos de lo que el Gobierno quiera... Hay muchos artículos malos, pero lo peor del proyecto es su concepto amordazador.
Jorge Vivanco. Diario Expreso: la intención del oficialismo es constreñir la libertad de prensa. La creación del Consejo es la más clara prueba; es inconstitucional porque se trata de un Tribunal Especial, prohibido; con mañas se da mayoría al Gobierno. El establecimiento del registro de medios es una descarada espada de Damocles; se permitirá sobrevivir si cuentan con el agrado del oficialismo. Es el proyecto de más mala fe, creado para satisfacer la enemistad de un mandatario.
María Alejandra Torres. Diario El Universo: se busca coartar y generar autocensura. Las regulaciones y sanciones que se plantean ya están contempladas en las leyes, en materia civil y penal, incluso de manera estricta. ¿No se cumple como debería? No es responsabilidad de los medios, sino de las autoridades. Se pretende trasladar el juzgamiento de periodistas y medios a un órgano administrativo de conformación política para intimidar a quienes asumen una posición fiscalizadora del poder.
Alfredo Pinoargote. Ecuavisa: estamos frente a un proyecto de ley que grotescamente pretende someter a los medios de comunicación a la voluntad del Gobierno, pues coarta, acorrala y humilla la información al pretender imponer la autocensura para evitar problemas con un abusivo e inconstitucional sistema represivo. La ciudadanía va a estar como nunca antes desinformada. La responsabilidad ulterior de esa ley violará la Constitución, más el amedrentamiento y la persecución.
Patricia Estupiñán. Revista Vistazo: la ley debe promover la libertad de expresión y el respeto a los receptores y a quienes emitimos información. Solo intenta regular a los medios privados, pero deja de lado la comunicación oficial e internet, frente a lo cual estamos indefensos e intoxicados. En el proyecto de ley hay ignorancia de cómo ocurren los procesos de comunicación, y se observa un espíritu antidemocrático con un Consejo encaminado a cerrar medios y sancionar a periodistas.
Francisco Febres-Cordero. Revista Diners: hay la intención de poner una cortapisa a la libertad de expresión, pero la persona que necesita expresarse se va a expresar como sea, a pesar de cualquier obstáculo. La voluntad por decir es mayor a la voluntad por querernos acallar. El miedo es que genere autocensura. Lo demás es lo de siempre, lo que ha sido el periodismo: pasión, deseo de investigar, confrontar al poder. Eso no podemos perder, a pesar de cualquier estúpida ley.
Xavier Segarra. Telerama: el proyecto de ley está mal redactado y, obviamente, eso conlleva a múltiples interpretaciones, por eso yo considero que debe rehacerse. Cuestiono las atribuciones sancionadoras que le confieren al Consejo de Comunicación, pues ya existen leyes que sancionan la mala práctica periodística. La conformación de ese organismo sancionador es inconstitucional, pues se prohíbe la creación de tribunales para establecer sanciones a los ciudadanos.
Alfonso Espinosa de los Monteros. Ecuavisa: la ley no es necesaria, pues se busca el control político de los medios, intimidarlos, desacreditarlos y limitar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de los ciudadanos, quienes pierden medios masivos para expresar ideas, para debatir propuestas y tomar decisiones en democracia. El concepto de ‘responsabilidad ulterior’ como una figura para crear sanciones y el querer silenciar a los comunicadores que no tienen título son muy atentatorios.
Carlos Jijón. Teleamazonas: el ordenamiento legal existente garantiza y regula los derechos a la libertad de información y expresión. Pero se intenta darle al poder político capacidad para clausurar un medio, lo que hará que los medios opten por no publicar la información que a los políticos pueda molestar o la opinión de los ciudadanos que discrepen. El temor a ser cerrados estará latente, pues habrá un Consejo politizado, con mayoría gobiernista, que coarta la libertad.
Ana Mariela Cevallos. Diario El Universo: la ley de comunicación oficialista es un intento de proyecto para acallar a los medios, con un enfoque de control, de censura y de sanción. Es una ley que no está pensada para largo plazo, sino para una coyuntura política no dispuesta a que la comunicación represente apropiadamente el pluralismo de la sociedad, y que los flujos de información no corran en todos los sentidos y direcciones, sino solo desde el Gobierno hacia la ciudadanía.
Jorge Ortiz. Teleamazonas: no es necesaria una Ley de Comunicación. Las leyes civiles y penales son suficientes para impedir cualquier exceso de la prensa. Esta es, evidentemente, una Ley de Medios y, para colmo, duramente represiva. Coarta la libertad de información. Precisamente para eso fue incluida en la Constitución. Solo nos enteraremos de lo que el Gobierno quiera... Hay muchos artículos malos, pero lo peor del proyecto es su concepto amordazador.
Jorge Vivanco. Diario Expreso: la intención del oficialismo es constreñir la libertad de prensa. La creación del Consejo es la más clara prueba; es inconstitucional porque se trata de un Tribunal Especial, prohibido; con mañas se da mayoría al Gobierno. El establecimiento del registro de medios es una descarada espada de Damocles; se permitirá sobrevivir si cuentan con el agrado del oficialismo. Es el proyecto de más mala fe, creado para satisfacer la enemistad de un mandatario.
María Alejandra Torres. Diario El Universo: se busca coartar y generar autocensura. Las regulaciones y sanciones que se plantean ya están contempladas en las leyes, en materia civil y penal, incluso de manera estricta. ¿No se cumple como debería? No es responsabilidad de los medios, sino de las autoridades. Se pretende trasladar el juzgamiento de periodistas y medios a un órgano administrativo de conformación política para intimidar a quienes asumen una posición fiscalizadora del poder.
Alfredo Pinoargote. Ecuavisa: estamos frente a un proyecto de ley que grotescamente pretende someter a los medios de comunicación a la voluntad del Gobierno, pues coarta, acorrala y humilla la información al pretender imponer la autocensura para evitar problemas con un abusivo e inconstitucional sistema represivo. La ciudadanía va a estar como nunca antes desinformada. La responsabilidad ulterior de esa ley violará la Constitución, más el amedrentamiento y la persecución.
Patricia Estupiñán. Revista Vistazo: la ley debe promover la libertad de expresión y el respeto a los receptores y a quienes emitimos información. Solo intenta regular a los medios privados, pero deja de lado la comunicación oficial e internet, frente a lo cual estamos indefensos e intoxicados. En el proyecto de ley hay ignorancia de cómo ocurren los procesos de comunicación, y se observa un espíritu antidemocrático con un Consejo encaminado a cerrar medios y sancionar a periodistas.
Francisco Febres-Cordero. Revista Diners: hay la intención de poner una cortapisa a la libertad de expresión, pero la persona que necesita expresarse se va a expresar como sea, a pesar de cualquier obstáculo. La voluntad por decir es mayor a la voluntad por querernos acallar. El miedo es que genere autocensura. Lo demás es lo de siempre, lo que ha sido el periodismo: pasión, deseo de investigar, confrontar al poder. Eso no podemos perder, a pesar de cualquier estúpida ley.
Xavier Segarra. Telerama: el proyecto de ley está mal redactado y, obviamente, eso conlleva a múltiples interpretaciones, por eso yo considero que debe rehacerse. Cuestiono las atribuciones sancionadoras que le confieren al Consejo de Comunicación, pues ya existen leyes que sancionan la mala práctica periodística. La conformación de ese organismo sancionador es inconstitucional, pues se prohíbe la creación de tribunales para establecer sanciones a los ciudadanos.
Alfonso Espinosa de los Monteros. Ecuavisa: la ley no es necesaria, pues se busca el control político de los medios, intimidarlos, desacreditarlos y limitar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de los ciudadanos, quienes pierden medios masivos para expresar ideas, para debatir propuestas y tomar decisiones en democracia. El concepto de ‘responsabilidad ulterior’ como una figura para crear sanciones y el querer silenciar a los comunicadores que no tienen título son muy atentatorios.
Ojalá que, las voces de estos maestros del periodismo ecuatoriano, motiven a todos los colegas manabitas a conocer, analizar y promover un debate público en todos los cantones de la región sobre la Ley de Comunicación, que de aprobarse por los asambleístas, no afectará sólo a los medios, sino a todos los ecuatorianos sin distingos de raza, edad, color, religión, preferencia sexual y condición económica. No hacer nada sería estar en contra del Buen Vivir que habla de nueva Constitución.
