El 9 de diciembre pasado, diario El Universo de Guayaquil, publicó un excelente material a propósito de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el incluyó la opinión de 104 comunicadores haciendo un parangón con los 104 artículos del proyecto de Ley de Comunicación.
Se trató de una iniciativa de unidad impostergable, sobretodo cuando es evidente que hay interesados en profundizar las divisiones y rivalidades entre comunicadores y medios, por motivo de sana competencia o dificultades personales en el pasado.
De hecho, en Manabí algún dueño de un canal de televisión hizo hincapié que no deben haber más “periodicazos”, mientras periodistas de un periódico portovejense insisten que la gente de radio, hace quedar mal a los comunicadores. Lamentablemente, lo sucedido en esta provincia, se repite en todo el país.
Felizmente, poco a poco, los periodistas ecuatorianos estamos entendiendo que lo fundamental es más importante que lo accesorio, que nuestro primer deber es defender la libertad de expresión y promover los derechos de la comunicación.
Entre los 104 periodistas, El Universo incluyó a los colegas manabitas Nancy Vélez, Julio César Armanza, José Manuel Cevallos y Carlos García, de cuyas palabras nos hacemos eco:
Nancy Vélez. El Diario: Es necesaria una Ley de Comunicación, pero que no esté dirigida a controlar medios, porque coarta la información y la ciudadanía perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo, además no podría verter sus opiniones. En varios artículos se limita la labor periodística, por ejemplo, si una información no le agrada a alguien se buscaría una sanción; además, se prohíbe que se publiquen hechos captados de forma fortuita y que revelen irregularidades.
Julio César Armanza. El Diario-Manavisión: El espíritu de la ley propuesta es represivo y oscurantista, y coarta el derecho ciudadano a una libre información y a la libertad de expresión y opinión. No han elaborado una ley de comunicación sino para medios y, bajo una retórica democrática, esconden un control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, algo necesario y respetado en todos los países democráticos del mundo.
José Manuel Cevallos. Diario La Hora: No creo necesaria una ley de comunicación. Prácticamente desaparecen los géneros de opinión, pues toda la información debe ser verificada y contrastada, según la ley, y eso es imposible en un artículo o columna. Los consumidores de la información no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial, no les daríamos elementos de juicio para que tomen sus propias conclusiones y aprendan.
Carlos García G. El Diario: Se intenta quitar libertades con una ley que regulará un derecho y obligará a los medios a cumplir temas que se sobreentienden y que los periodistas profesionales lo hacemos día a día como contrastar y contextualizar la información. Además, los ciudadanos no podrían emitir opiniones e informarse. Es algo muy subjetivo conceptualizar lo que es información y un atentado que un Consejo politizado decida, como veeduría ciudadana, si se cumple la ley.
En El Mercurio de Manta coincidimos con los colegas que el proyecto tal como está no es más que un largo recetario retórico en el que se esconde un afán de control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, que ésta perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo; que los lectores no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial y como hombres y mujeres ya sometidos y amordazados no podrían emitir opiniones e informarse.
Se trató de una iniciativa de unidad impostergable, sobretodo cuando es evidente que hay interesados en profundizar las divisiones y rivalidades entre comunicadores y medios, por motivo de sana competencia o dificultades personales en el pasado.
De hecho, en Manabí algún dueño de un canal de televisión hizo hincapié que no deben haber más “periodicazos”, mientras periodistas de un periódico portovejense insisten que la gente de radio, hace quedar mal a los comunicadores. Lamentablemente, lo sucedido en esta provincia, se repite en todo el país.
Felizmente, poco a poco, los periodistas ecuatorianos estamos entendiendo que lo fundamental es más importante que lo accesorio, que nuestro primer deber es defender la libertad de expresión y promover los derechos de la comunicación.
Entre los 104 periodistas, El Universo incluyó a los colegas manabitas Nancy Vélez, Julio César Armanza, José Manuel Cevallos y Carlos García, de cuyas palabras nos hacemos eco:
Nancy Vélez. El Diario: Es necesaria una Ley de Comunicación, pero que no esté dirigida a controlar medios, porque coarta la información y la ciudadanía perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo, además no podría verter sus opiniones. En varios artículos se limita la labor periodística, por ejemplo, si una información no le agrada a alguien se buscaría una sanción; además, se prohíbe que se publiquen hechos captados de forma fortuita y que revelen irregularidades.
Julio César Armanza. El Diario-Manavisión: El espíritu de la ley propuesta es represivo y oscurantista, y coarta el derecho ciudadano a una libre información y a la libertad de expresión y opinión. No han elaborado una ley de comunicación sino para medios y, bajo una retórica democrática, esconden un control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, algo necesario y respetado en todos los países democráticos del mundo.
José Manuel Cevallos. Diario La Hora: No creo necesaria una ley de comunicación. Prácticamente desaparecen los géneros de opinión, pues toda la información debe ser verificada y contrastada, según la ley, y eso es imposible en un artículo o columna. Los consumidores de la información no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial, no les daríamos elementos de juicio para que tomen sus propias conclusiones y aprendan.
Carlos García G. El Diario: Se intenta quitar libertades con una ley que regulará un derecho y obligará a los medios a cumplir temas que se sobreentienden y que los periodistas profesionales lo hacemos día a día como contrastar y contextualizar la información. Además, los ciudadanos no podrían emitir opiniones e informarse. Es algo muy subjetivo conceptualizar lo que es información y un atentado que un Consejo politizado decida, como veeduría ciudadana, si se cumple la ley.
En El Mercurio de Manta coincidimos con los colegas que el proyecto tal como está no es más que un largo recetario retórico en el que se esconde un afán de control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, que ésta perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo; que los lectores no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial y como hombres y mujeres ya sometidos y amordazados no podrían emitir opiniones e informarse.
