Democracia y Policía

El 30 de septiembre de 2010 será un día aciago para la sana convivencia social de este país. Será un día de luto para el pueblo ecuatoriano. La página será por siempre inédita en un mundo civilizado. Es que resulta inconcebible que la Fuerza Pública se rebele contra un Presidente de la Nación, incluso ante el evento paradójico que haya una persona indefensa que desafíe y provoque a una multitud enfurecida y armada.

El Jefe de Estado, conforme con su altísima y serena magistratura, en todo lugar, incluso en un regimiento policial, personifica la Constitución y democracia.

Universalmente se reconoce que democracia (del griego, demos, ‘pueblo’ y kratein, ‘gobernar’) es el sistema político por el que el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los procedimientos legales de destitución y son, al menos en principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante los ciudadanos.

En toda democracia, el poder civil, envestido de la fuerza de la legalidad y de la moral, entrega armas y uniformes a un grupo supuestamente selecto para que proteja a la sociedad de la barbarie y la delincuencia; cuando lo hace, también le impone límites.

Estos son:

Los derechos constitucionales no pueden alterarse o modificarse por las leyes que reglamenten su aplicación.

Nadie debe limitar la intimidad de la persona.

Las limitaciones a los derechos que no provengan de una ley son inconstitucionales.

El máximo personero del poder Ejecutivo es el Presidente de la República, él también es el Comandante en Jefe de la Policía Nacional y por medio de decretos fija los pormenores de las leyes.

El Ministro del interior, antes llamado de Gobierno y Policía, es el conductor de la institución y de su relación con el Gobierno Nacional.

También, por voluntad popular, los miembros de la Asamblea Nacional, autores de leyes de policía; los alcaldes y concejales, autores de ordenanzas para mantener el orden a nivel local, son mandatarios que merecen en todo lugar y circunstancia, un trato solemne y respetuoso de todos los miembros de la institución policial.

La Policía realiza un servicio público, porque todas las actividades que desarrolla deben ir en beneficio de la sociedad, no en provecho individual propio de quien las ejerce cumpliendo su deber.

El policía es un caballero de la paz, un incondicional de la Justicia, conoce de juicios civiles y criminales, otorga derechos a una de las partes o absuelve o condena por los crímenes.

La Policía puede privar al infractor de su libertad, aplicar una pena pecuniaria (multa), clausurar un lugar físico en donde se produjo la infracción que motivó la sanción, haciendo cesar la activad del lugar en forma temporaria o definitiva, destruir el objeto con el que realizó la infracción que se sanciona (decomiso) y realizar muchas otras acciones inherentes a sus funciones, pero todas ellas y, sin excepción, deben estar fundadas en leyes y no en decisiones deliberantes. Esto es un principio irrefutable y permanente, que no cambió por el derecho a sufragar que ahora, por una iniciativa errónea del propio Presidente, tienen los policías.

Por otra parte, hay ciudadanos inconformes que reclaman desesperadamente por algo que les incomoda y creen que la solución es la mano dura de los policías, pero ellos no pueden actuar a su gusto, sino que en forma profesional, observando el derecho público y común que le es aplicable y cumpliendo las órdenes de su Alto Mando.

Esto es incluso, cuando un gobierno en una situación de emergencia, para promover el bienestar general y el bien común puede restringir derechos para proteger la seguridad. La moralidad y la salubridad. Ya que la situación de emergencia debe tener un plazo determinado, beneficiar a toda la sociedad, la crisis debe ser notoria y la ley que la establece, razonable.

Hiroshima y los EE.UU.

Uno de los últimos destinos de los innumerables viajes del presidente Correa fue la ciudad japonesa de Hiroshima, en la que cada 6 de agosto desde 1947, miles de personas participan en una ceremonia multiconfesional en el parque de la Paz, construido en el lugar en donde explotó la bomba atómica.

En 1996, el Memorial de la Paz (Cúpula de Gembaku), símbolo de esperanza para la paz mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un lugar que inspira serenidad a los hombres, curiosamente en Rafael Correa provocó un efecto inverso y reanimó su violencia contra los periodistas, a los que trató de buitres y gusanos.

Mientras, Correa elogió a los japoneses y visualizándolos como mejores socios, lamentó que Estados Unidos haya usado las bombas atómicas, pero no profundizó en las causas de tal decisión, pese a que la historia está registrada en las mejores enciclopedias disponibles, que señalan:

Los japoneses ocuparon el sur de Indochina el 23 de julio de 1941. Dos días después, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos congelaron los activos japoneses para impedir que Japón pudiera adquirir petróleo.

El 7 de diciembre de 1941 el gobierno japonés lanzó un ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawai. Después de intensos años de lucha y la rendición de Alemania, el final de la II Guerra Mundial no se avistaba.

A pesar de que la situación de Japón era desesperada a comienzos de 1945, la mayor parte del Ejército japonés se encontraba en buenas condiciones y estaba desplegado en los archipiélagos y en China. Los japoneses dieron una muestra de lo que aún podía esperarse de sus fuerzas recurriendo a las actividades de los kamikazes (en japonés, ‘viento divino’), ataques aéreos suicidas, durante los combates en la isla filipina de Luzón.

Ante la expectativa de los norteamericanos, el presidente Harry S. Truman permitió que se lanzaran las bombas atómicas; la primera cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto, y la segunda se lanzó sobre Nagasaki tres días después. El mando supremo aliado informó que en la destruida Hiroshima, sede de una importante base militar, 129.558 personas murieron, fueron heridas o desaparecieron a causa del lanzamiento, y más de 176.987 perdieron sus hogares. Se trató de una lección contundente para un pueblo imperialista, cruel y depredador con sus vecinos.

Finalmente, Japón, que no tenía armas atómicas, anunció su rendición el 14 de agosto. La firma oficial se realizó en la bahía de Tokio a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre de 1945. La delegación aliada estaba encabezada por el general MacArthur, que pasó a ser el gobernador militar del Japón ocupado.

Universidad y el Hombre Nuevo

Las debilidades de la Educación Superior han servido al Presidente de la República para seguir avanzando con su idea de Universidad, la que cuenta con un abrumador respaldo de una opinión pública desinformada y la participación cómplice y traicionera de gente de los propios centros académicos, que en la práctica, son un verdaderos caballo de troya.

La respuesta profunda de la Universidad ecuatoriana debe ser brindar una educación de calidad, aquella cuyos contenidos respondan convenientemente a lo que el estudiante requiere para desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y física, y para desempeñarse adecuadamente en los diversos espacios de la sociedad.

Es en la Universidad donde debe valorarse a la persona como eje de nuestro mundo, es decir, el hombre antes que el estudiante, ya que este es el resultado de la interacción de diversos factores entrelazados unos con otros, ya sean de naturaleza innata o adquirida, expresados en una individualidad humana.

Y como humano será bueno o malo, honesto o corrupto, trabajador o perezoso, moral o desviado sexual, ciudadano o vendepatria. Pero de manera alguna, la Universidad, ente supremo del pensamiento, la política y la producción, puede lavarse las manos, porque está probado que los valores positivos o negativos incidirán favorable o negativamente en la gente que ha estado en sus aulas.

Comprender y aceptar esto es de particular importancia para las autoridades y los docentes, pero lo es más que lo entiendan los jóvenes y sus familias.

No hay duda que las múltiples facetas cotidianas en el hogar y el aula universitaria convergen en los estudiantes y es una proyección del futuro profesional.

Los profesores, compañeros y familiares del joven van descifrando su cambio de personalidad, que se revela en sus expresiones, sus ideas y sus propósitos. Es una radiografía social que identifica claramente al que va a la universidad a estudiar o a travesear, al que cumple puntualmente sus deberes o no, al responde con seguridad en un examen o copia descaradamente.

Se trata de una relación circular en la que todos somos participes del producto social que el hogar y la universidad entrega a la sociedad. Entonces no hay excusas, todos somos responsables de lograr un ciudadano nuevo, agradable, democrático, cooperador, trabajador y positivo.

Por supuesto, que no podemos ser ingenuos e ignorar que las condiciones económicas, sociales y culturales no son óptimas y afectan sistémicamente a los estudiantes, pero en ningún caso pueden considerarse como excusa para la mediocridad, y deben ser siempre analizadas para orientar el desenvolvimiento social de todos sus miembros.

Reitero, la misión de la universidad es formar a estudiantes de manera integral, desarrollando sus capacidades y conocimientos conceptuales, procedimentales y valorativos. El perfil que deben alcanzar los estudiantes al término de sus estudios debe ser expresión de ese logro de formación, cuando suceda este gran acontecimiento, por fin, aparecerá el Hombre Nuevo.

Desaparecerán los bosques

Salvajes e incultos, según los europeos, nuestros antepasados enseñaron a los “civilizados” del primer mundo cómo tener una relación armoniosa con la naturaleza. Cuestión que todos también debemos tomar en cuenta. En particular, los centralistas feudales que pretenden imponerse en los derechos de uso, manejo y control de los bosques.

Los centralistas acumularán el agua, la fotosíntesis de los árboles (el carbono), la polinización, la fertilidad del suelo, el conocimiento ancestral sobre plantas, la cultura, la identidad espiritual de los pueblos en servicio ambiental, a través de contratos, proyectos o programas que ofrecen una cantidad de dinero insignificante.

El pastoreo, el riego, la siembra, caza, pesca, el libre tránsito, la utilización de los árboles para cualquier fin doméstico o comercial, el mantenimiento de la cultura y la identidad, lo tradicional, quedaran en manos de los mercaderes del carbono, señores feudales transnacionales, con poder coercitivo que podrán aplicar castigos económicos, judiciales y penales en contra de los pequeños propietarios.

Por su parte, el Estado se apoderará de la naturaleza, el conocimiento y la cultura de los pueblos para administrarlos, manejarlos, venderlos, negociarlos, etc. a través de diferentes mecanismos.

Porque ahora los recursos naturales y la biodiversidad son considerados recursos estratégicos y por lo tanto, el Estado se reserva la titularidad sobre ellos y como tal ejerce la rectoría, la administración, la regulación, el control y la gestión de los mismos. En el mejor de los casos, los titulares reales de los derechos, pueden ser partícipes del aprovechamiento de los recursos a los que han accedido de manera tradicional, pero de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo impuesto.

La Constitución Política del Estado, en su Art. 313, dice: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

En los últimos 4 años, en el país se han dado cambios significativos para la promoción de las plantaciones forestales, incluyendo aquellas destinadas a la capacitación de CO2. Las experiencias han sido polémicas, en provincias como Manabí, pese a una gran propaganda del Consejo Provincial, los resultados han sido pobres.

Las plantaciones forestales ocupan los suelos que eran para el uso de agricultura de las comunidades locales, por más de 15 años, desplazando por lo tanto a las actividades económicas tradicionales, y provocando el empobrecimiento de las comunidades. El beneficio por la venta de la madera que reciben las comunidades es mínimo por la cantidad de oferta que existe.

Las plantaciones absorben mucha agua, se calcula que en promedio un árbol absorbe alrededor de 30 litros de agua por día, en una hectárea se plantan 1.000 árboles.

En todo caso, con la idea de exportar “bioconocimientos” y se le otorga al Estado toda la potestad de decidir con quienes negociarlos. Los principales servicios ambientales de los ecosistemas son, entre otros los siguientes:

Formación y conservación de suelos; flujo, fijación y reciclaje de nutrientes reducción de sedimentos y erosión; reducción de riesgos de deslaves e inundaciones: conservación de cuenca hidrográfica y mantenimiento de las fuentes de agua; conservación de la biodiversidad y provisión de belleza paisajística; control biológico de plagas y enfermedades; polinización; regulación de la dinámica de poblaciones; planificación, filtración y desintoxicación del aire, agua y suelo; regulación de gases con efecto invernadero.

Es decir, el Estado decidirá sobre los aspectos fundamentales de la vida misma, el programa Socio Bosque que se está implementando desde diciembre del 2008, es decisivo.

Socio Bosque es un programa de incentivos monetarios directos anuales por hectárea de bosques, entregados por el Gobierno a los propietarios individuales o comunidades que deciden voluntariamente proteger sus bosques nativos.

Los fondos de este programa provienen del Presupuesto General del Estado y de donaciones internacionales, que se emplean convenios firmados con dirigentes comunitarios, en un tiempo récord. Los individuos o comunidades que firman por el contrario tienen muy bien definidas sus obligaciones, bajo amenaza de sanciones de orden administrativo, civil o penal en caso de incumplimiento del contrato.

Existe una cláusula en la que se compromete al ejecutor a que en caso de traspaso de propiedad debe haber una cláusula específica de que el nuevo propietario asume los compromisos del contrato de sociobosque, caso contrario se debe proceder como salida anticipada del proyecto.

En caso de salida anticipada del proyecto por parte del propietario, este debe cancelar hasta la mitad del dinero recibido del Estado por el contrato durante toda su permanencia en el proyecto. El contrato se someterá a las leyes, reglamentos actuales y a futuras normas que el Ministerio pudiera dictar, quedando los pequeños propietarios en total vulnerabilidad en cuanto a la tendencia y control de sus propiedades.

En el Ecuador quedan alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques naturales. Se quiere incluir 4 millones de estas hectáreas en el programa Socio-Bosque. Los otros 6 millones de estas hectáreas ya se están perdiendo debido a la extracción petrolera y minera, por causa de la expansión de cultivos de palma aceitera y otros cultivos de agroexportación. En una palabra, desaparecerán los bosques.