Un mensaje, muchas voces II

Quedarnos callados y no comentar tan oportuno trabajo periodístico, sería darle la razón a tanto imbécil que se ha adherido al que en cadenas sabatinas funge de infalible y perfecto.

Por lo tanto, los comunicadores manabitas siempre hemos tenido iniciativas integracionistas, y nos unimos a esta iniciativa del diario El Universo, multiplicando el criterio de los periodistas de las provincias hermanas de Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Marcel Bonilla. Diario La Hora, Esmeraldas: Creo que es necesaria una ley para regular algunas acciones de los medios, pero no una que apunte a coartar la libertad de expresarnos libre y democráticamente frente a lo que pasa. Es un proyecto orientado a tener el control de los medios, periodistas y ciudadanos, para que no digan lo que piensan bajo el temor de una ley sancionadora. Como está diseñada, limita y restringe el ejercicio profesional y la libertad que tenemos a ser informados.

Marco Haro. Diario La Gaceta, de Latacunga: La Ley de Comunicación es uno de los hitos que marcan el proyecto político del Gobierno, cuyo objetivo fundamental es la demolición sostenida de toda forma de expresión crítica, en la cual la prensa libre juega un papel preponderante. Los ideólogos de la llamada Revolución Ciudadana buscan legitimar el establecimiento de un estado totalitario, bajo el argumento de que se les entregó en las urnas la facultad de interpretar los anhelos de cambio.

Wilson Olivo Antepara. Diario El Heraldo, Ambato: La comunicación es el máximo sistema inventado por el hombre, nadie puede normarla, peor con una ley como la que analiza la Asamblea, que coarta la información. Lo único que se conseguirá es mermar la calidad de la labor periodística, pues predominará el control oficial y, con eso, el poder político tendrá carta abierta para hacer y deshacer en los medios. Es criticable que se quiera crear un Consejo de Comunicación inquisitorial y gobiernista.

Marco Cadena. Diario La Hora, Imbabura: No creo necesaria una ley de comunicación. Este es un proyecto con dedicatoria para los medios, que coarta la libertad de información. Se habla únicamente de las responsabilidades de los periodistas, pero se dejan de lado los derechos. No se nombra en ninguna parte el deber que tienen las fuentes oficiales de entregar información. Los medios se convertirían en panfletos de lo que se quiere que se diga, mas no de lo que se debe decir.

Guido Briceño. Diario La Hora, Los Ríos: Es necesaria una ley, pero con las garantías de no coartar la libertad de expresión de todos. Este proyecto se inclina a los medios, porque busca sancionar y limitar el campo de acción de la libertad de expresión. Coarta el ejercicio porque el periodista va a estar limitado al acceso de información de la fuente. También existirá el temor de ser sancionado por publicar. Se exigen controles al publicar y se limitan contenidos.

Catherine Peñafiel. Diario La Hora, Santo Domingo: La regulación que se plantea como principal objetivo de la ley está en otras normativas: en el área civil, en el Código Penal, donde hay un capítulo entero para sancionar los delitos cometidos en los medios, y en la misma Constitución, que da a los ciudadanos la posibilidad de exigir correcciones. Una regulación de la comunicación se hace a través de un canal natural, de la aceptación o no de los radioescuchas, televidentes o los lectores.

Lady Torres. Diario La Hora, El Oro: La ley es justicia, no represión. Esta es una propuesta de ley creada para controlar y oprimir a los medios de comunicación, para no dejarnos hablar y decir lo que en realidad sucede. Tiene muy poco que ver con la comunicación, pues se trata de muchas formas de acabar con ella. Entre los artículos que podrían afectar la libertad de información está el 99, que habla de las sanciones por actos atentatorios, previo informe del Consejo de Seguridad.

Los periodistas manabitas estamos de acuerdo con estas ideas nacidas en el alma de las provincias de la Patria, ya que es innegable que se trata de un proyecto orientado a tener el control de los medios, periodistas y ciudadanos, para que nadie no diga lo que piensa, el control oficial demolerá toda forma de expresión crítica, que en contraparte no tendrá deber alguno de entregar información.

La aceptación o rechazo de los radioescuchas, televidentes o los lectores no contará de modo alguno. La información, el entretenimiento y el debate democrático desaparecerán en todas las provincias, sin excepción.

Un mensaje, muchas voces III

Las páginas de los periódicos independientes multiplicamos las voces con un único mensaje: libertad de expresión. La iniciativa del periódico de Guayaquil, El Universo, ha sido acogida fraternalmente por El Mercurio de Manta, Decano de la prensa manabita, y hoy como aquél 9 de diciembre, vibran los testimonios de los periodistas más reconocidos del país. Entre ellos, por cuestiones de espacio, el de Carlos Jijón, Ana Mariela Cevallos, Jorge Ortiz, Jorge Vivanco, María Alejandra Torres, Alfredo Pinoargote, Patricia Estupiñán, Francisco Febres Cordero, Xavier Segarra y Alfredo Espinosa de los Monteros.

Carlos Jijón. Teleamazonas: el ordenamiento legal existente garantiza y regula los derechos a la libertad de información y expresión. Pero se intenta darle al poder político capacidad para clausurar un medio, lo que hará que los medios opten por no publicar la información que a los políticos pueda molestar o la opinión de los ciudadanos que discrepen. El temor a ser cerrados estará latente, pues habrá un Consejo politizado, con mayoría gobiernista, que coarta la libertad.

Ana Mariela Cevallos. Diario El Universo: la ley de comunicación oficialista es un intento de proyecto para acallar a los medios, con un enfoque de control, de censura y de sanción. Es una ley que no está pensada para largo plazo, sino para una coyuntura política no dispuesta a que la comunicación represente apropiadamente el pluralismo de la sociedad, y que los flujos de información no corran en todos los sentidos y direcciones, sino solo desde el Gobierno hacia la ciudadanía.

Jorge Ortiz. Teleamazonas: no es necesaria una Ley de Comunicación. Las leyes civiles y penales son suficientes para impedir cualquier exceso de la prensa. Esta es, evidentemente, una Ley de Medios y, para colmo, duramente represiva. Coarta la libertad de información. Precisamente para eso fue incluida en la Constitución. Solo nos enteraremos de lo que el Gobierno quiera... Hay muchos artículos malos, pero lo peor del proyecto es su concepto amordazador.

Jorge Vivanco. Diario Expreso: la intención del oficialismo es constreñir la libertad de prensa. La creación del Consejo es la más clara prueba; es inconstitucional porque se trata de un Tribunal Especial, prohibido; con mañas se da mayoría al Gobierno. El establecimiento del registro de medios es una descarada espada de Damocles; se permitirá sobrevivir si cuentan con el agrado del oficialismo. Es el proyecto de más mala fe, creado para satisfacer la enemistad de un mandatario.

María Alejandra Torres. Diario El Universo: se busca coartar y generar autocensura. Las regulaciones y sanciones que se plantean ya están contempladas en las leyes, en materia civil y penal, incluso de manera estricta. ¿No se cumple como debería? No es responsabilidad de los medios, sino de las autoridades. Se pretende trasladar el juzgamiento de periodistas y medios a un órgano administrativo de conformación política para intimidar a quienes asumen una posición fiscalizadora del poder.

Alfredo Pinoargote. Ecuavisa: estamos frente a un proyecto de ley que grotescamente pretende someter a los medios de comunicación a la voluntad del Gobierno, pues coarta, acorrala y humilla la información al pretender imponer la autocensura para evitar problemas con un abusivo e inconstitucional sistema represivo. La ciudadanía va a estar como nunca antes desinformada. La responsabilidad ulterior de esa ley violará la Constitución, más el amedrentamiento y la persecución.

Patricia Estupiñán. Revista Vistazo: la ley debe promover la libertad de expresión y el respeto a los receptores y a quienes emitimos información. Solo intenta regular a los medios privados, pero deja de lado la comunicación oficial e internet, frente a lo cual estamos indefensos e intoxicados. En el proyecto de ley hay ignorancia de cómo ocurren los procesos de comunicación, y se observa un espíritu antidemocrático con un Consejo encaminado a cerrar medios y sancionar a periodistas.

Francisco Febres-Cordero. Revista Diners: hay la intención de poner una cortapisa a la libertad de expresión, pero la persona que necesita expresarse se va a expresar como sea, a pesar de cualquier obstáculo. La voluntad por decir es mayor a la voluntad por querernos acallar. El miedo es que genere autocensura. Lo demás es lo de siempre, lo que ha sido el periodismo: pasión, deseo de investigar, confrontar al poder. Eso no podemos perder, a pesar de cualquier estúpida ley.

Xavier Segarra. Telerama: el proyecto de ley está mal redactado y, obviamente, eso conlleva a múltiples interpretaciones, por eso yo considero que debe rehacerse. Cuestiono las atribuciones sancionadoras que le confieren al Consejo de Comunicación, pues ya existen leyes que sancionan la mala práctica periodística. La conformación de ese organismo sancionador es inconstitucional, pues se prohíbe la creación de tribunales para establecer sanciones a los ciudadanos.

Alfonso Espinosa de los Monteros. Ecuavisa: la ley no es necesaria, pues se busca el control político de los medios, intimidarlos, desacreditarlos y limitar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de los ciudadanos, quienes pierden medios masivos para expresar ideas, para debatir propuestas y tomar decisiones en democracia. El concepto de ‘responsabilidad ulterior’ como una figura para crear sanciones y el querer silenciar a los comunicadores que no tienen título son muy atentatorios.

Ojalá que, las voces de estos maestros del periodismo ecuatoriano, motiven a todos los colegas manabitas a conocer, analizar y promover un debate público en todos los cantones de la región sobre la Ley de Comunicación, que de aprobarse por los asambleístas, no afectará sólo a los medios, sino a todos los ecuatorianos sin distingos de raza, edad, color, religión, preferencia sexual y condición económica. No hacer nada sería estar en contra del Buen Vivir que habla de nueva Constitución.

Vigilia por Ley de Comunicación

Cuando el bloque PAIS optó por postergar el primer debate de la Ley de Comunicación, el presidente de la Asamblea, Fernando “corcho” Cordero afirmó que se hacía para “crear las condiciones políticas y sociales que permitan cambiar y mejorar ese proyecto de manera colectiva”. Hubo aplausos de diversas bancadas porque muchos creyeron que se estaba valorando la necesidad llegar al primer debate con el mayor acuerdo político posible.

También, el ex director del programa Cero Tolerancia, hoy activista social, Carlos Vera Rodríguez, dijo que se había logrado una “pequeña gran victoria”. De nadie dudo de su buena fe en sus actos, pero es mi derecho humano, político y civil no estar de acuerdo ni con unos ni otros.

Es que no podemos olvidar que la estrategia de fingir una retirada ha sido frecuente en la historia y es muy antigua.

La empleó Leónidas contra los persas, en la Batalla de las Termópilas, septiembre de 480 a. C. Según Heródoto el rey persa fue sorprendido y perdió parte de sus mejores tropas al intentar abrir una brecha en las líneas espartanas, que emplearon una táctica de fingir una retirada para después darse la vuelta y matar a los desorganizados soldados persas que corrían en su persecución.

El arte de la guerra fue escrito hacia el año 500 antes de nuestra era por Sun Tzu, advertía: Si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados, y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, con toda seguridad caerás prisionero.

Han pasado los siglos y en nuestro tiempo es común que las estrellas del espectáculo y del deporte anuncien su despedida, una y otra vez, pero no se retiran.

Relaciono la postergación del primer debate de la Ley de Comunicación con la estrategia de fingir una retirada, por algunos hechos relacionados, entre otros, que el presidente Rafael Correa haya acentuado sus críticas contra la prensa, la feroz cadena contra la prensa del 8 de diciembre pasado, la agresiva presentación del Secretario de Comunicación en la entrevista que concedió a Jorge Ortiz.

A propósito de esto último, el 9 de diciembre, el público televidente tuvo que soportar un espectáculo alejado del contexto periodístico. La máxima autoridad gubernamental en comunicación puso una tarjeta de crédito sobre la mesa y reclamó por ser maltratado por el Lcdo. Ortíz, quien no debió hacerle el juego. Ambos terminaron lesionando a los televidentes, dando una pésima lección de dialogo y convivencia democrática.

En un contexto mayor, la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación ha sido una ardua batalla para el oficialismo, no solo por la defensa de la libertad que hemos bregado los periodistas y los asambleístas de oposición al régimen correísta, sino por las observaciones de organismos de prestigio como la OEA, la UNESCO, Human Rights Watch ,SIP, entre otras.

El bloque PAIS no esperó tanta resistencia y dados los hechos, hubo una dosis mayor de violencia y fuerza, hasta que la gente más estratégica parecer haber optado por cambiar la tácticas, tanto ofensivas como defensivas, observando el principio que una acción siempre se antepone a la reacción.

En términos deportivos, la clave sería una finta tras otra, interrumpiendo o iniciando algo para ver como reacciona el rival, engañándolo, amagándolo hasta lograr, cada vez más, ventajas sobre el adversario.

Ojalá, la Asamblea Nacional pruebe su seriedad y respeto.

Concuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cuando dice "Ecuador está siguiendo una tendencia regional y adoptando una medida en la dirección correcta al proponer una nueva ley orgánica de comunicación", pero concuerdo mucho más cuando agregó: "Ahora corresponde a la Asamblea Nacional modificar la propuesta para asegurar que esta no sea una oportunidad desaprovechada".

Mientras tanto, para los defensores de la libertad de expresión, la postergación del primer debate de la Ley de Comunicación seguirá siendo la estrategia de fingir una retirada, con un contraataque anunciado. ¡Hagamos vigilia por Ley de Comunicación!

Angostura y Manta

Antes de concluir este año agitado, es preciso explicar la relación entre Manta y el informe de Angostura. Tomando extensamente la información de éste, porque constituye un acierto del Ecuador y su Gobierno, ya que permite transparentar fidedignamente un capítulo de nuestra historia reciente.

La Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008 de Angostura fue creada por el presidente Rafael Correa a través del Decreto Ejecutivo No. 1646 de 25 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 565 de 7 de abril de 2009.

La Comisión, fue integrada por los siguientes ciudadanos: Israel Batista Guerra, representante de los movimientos sociales; Luis Enrique Galarza Alarcón, representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; Walter Gellibert Larreta, representante de los medios de Comunicación; Francisco Huerta Montalvo, representante del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, Carlos Moncayo Gallegos, General en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre, quienes se autodenominaron “Comisión de Transparencia y Verdad Caso Angostura”

La Base de Manta es un tema que despierta sensibilidades y se abre a diversos abordajes por sus implicaciones, debido a sus posibles relaciones con el ataque a Angostura y a sus capacidades en logística informativa de inteligencia y comunicaciones.

El Comando Sur (SOUTHCOM) es uno de los cinco comandos militares más importantes del Pentágono. Cubre las responsabilidades de vigilancia, espionaje y control en un área que incluye 19 países en América Latina. En el año 1999, EE.UU. tuvo que abandonar Panamá y sus posiciones en el Canal.

La idea de grandes posiciones militares en lugares de conflicto fue reemplazada por la de instalaciones más pequeñas, menos costosas, más sencillas de manejar y con un radio de alcance suficiente para no estar ubicadas en el punto de mira, sino a una distancia que evite los riesgos y le permita actuar con agilidad.

A éstas se les llamó Foreign Operating Locations (FOL), aunque también se las ha identificado como Cooperative Security Locations (CSLs).

Mediante una negociación simultánea por parte del Gobierno de los EE.UU. en la región, se consiguió ubicar las instalaciones del tipo FOL, con convenios de 10 -años, en El Salvador en el aeropuerto internacional de Comalapa; en Aruba y Curacao en los aeropuertos de Reina Beatriz y Hato Rey; y en el Ecuador en el aeropuerto "Eloy Alfaro" del puerto de Manta.

El puerto de Manta es seleccionado por su posición estratégica en relación al Océano Pacífico para controlar el narcotráfico y las migraciones y por su proximidad a Colombia, a sólo 20 minutos de la frontera en avión. La selección del puerto de Manta para instalar una FOLs, coincide en el tiempo con la aprobación del Plan Colombia.

La Base de Manta era el centro principal de estas instalaciones que cubren la Región Andina y era el punto focal de espionaje electrónico con tecnología satelital del Pentágono en América del Sur. Aunque la Embajada de los EE.UU. en carta de su embajadora a la Comisión, niega la capacidad de comunicación satelital de dicha base.

Esta información se contrasta con la emitida por actores militares estadounidenses y de sectores de la sociedad que destacan las capacidades tecnológicas y satelitales de dicha FOL.

En el caso de la Base de Manta, se destacan concretamente las siguientes incidencias:

Una aprobación sin todos los actores requeridos. El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1ro. de abril de 1999. Hasta ese momento, todo el proceso se había mantenido en secreto.

El 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército norteamericano el acceso a la Base de Manta por diez años renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, para sortear las voces disidentes que incluían algunos congresistas y al propio Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y organizaciones y movimientos de la sociedad civil, incluyendo a algunos partidos políticos de tradición de izquierda o de tradición nacionalista.

El 17 de agosto del 2006, Javier Delucca, Comandante de la FOL en aquella época, declaró. "La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy ubicados para operar esta área". Este comentario provocó una declaración y nota de protesta del canciller ecuatoriano en ese momento el Dr. Francisco Carrión. Previamente en marzo del 2004, el General Hill, jefe del Comando Sur, decía: "La mayor parte de los activos disponibles a nosotros están enfocados en la pelea táctica de Colombia".

El de 6 marzo de 2008, pocos días después de Angostura, el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país, que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia y agregaba: "con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversible sus exitosos avances contra el terrorismo".

Después de lo informado por la Comisión, la polémica no se ha hecho esperar y la representación diplomática estadounidense ya ha mostrado su inconformidad; en todo caso, en estos tiempos en que cumplir con el deber es cuestión extraña, debemos rendir un homenaje a la “Comisión de Transparencia y Verdad del Caso Angostura” por sacar a la luz ciertos hechos en nuestra provincia, sin que los manabitas seamos capaces de debatirlos o decir una palabra. ¡Despertemos ya!

Cultura: el otro nombre de la solidaridad

El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Dr. Marco Antonio Rodríguez, ha iniciado una campaña abierta en defensa de la mayor institución cultural del país, su verbo diáfano reclama la solidaridad de todos y especialmente, de la culta comunidad universitaria.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue fundada hace sesenta y cinco años por uno de los grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos Benjamín Carrión. Por eso esta benemérita Institución lleva su nombre. Y fue construida para que albergue el pensamiento y la creación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin distingos de raza, credos políticos o religiosos, clases sociales. Nació en un momento de crisis. Nuestro pueblo se debatía en una profunda depresión por el malhadado Protocolo de Río de Janeiro mediante el cual se cercenó nuestro territorio luego de la guerra fratricida de 1941 con el Perú. Carrión sustenta la teoría de la Nación Pequeña, inspirada en la idea del “estímulo de los impedimentos” de Arnold J. Toynbee, el filósofo de la historia.

“Tenemos que ser grandes por nuestra cultura, por el vigor de nuestras instituciones, por nuestros valores éticos”, proclama Benjamín Carrión, por eso nuestra Institución no cree en la guerra sino en la paz, cree en la fusión de América Latina, nuestra patria grande, y no en sus rupturas y desvínculos. Cree firmemente que la cultura es la expresión de la libertad, dignidad y creatividad de los pueblos.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” ha sido respetada por regímenes oprobiosos y hasta por dictadores y dictaduras. Nuestra defensa de la independencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, se da desde la inteligencia y el respeto.

Su presidente, Marco Antonio Rodríguez, ya lo señaló con firmeza a la prensa: "la intención de la Ley del presidente Correa es reducir la CCE a un espacio desarticulado, dependiente del Ministerio de Cultura y vaciado de contenidos… su proyecto es concentrador y peligroso".

Recordamos precisamente que cuando se creó el Ministerio de Cultura, el Señor Presidente motivó el decreto ejecutivo, según se observa en el quinto considerando, en la decisión de su Gobierno de fortalecer las instituciones públicas encargadas del fomento cultural.

Concordante con su política, en el proceso de cambio que vive el País, la Asamblea Nacional Constituyente, en el texto constitucional, Art. 378, consideró necesaria la existencia de un Sistema Nacional de Cultura integrado entre otras, por las instituciones que reciban fondos públicos. El Constituyente no creó un sistema único o un sistema centralizado en el que se eliminen las organizaciones gubernamentales preexistentes para concentrar todas esas competencias en un Ministerio de Cultura que a su vez se constituiría en el único que gozaría de un detallado orgánico funcional aprobado por ley.

Pensamos y estamos convencidos que las normas relativas al Sistema Nacional de Cultura, recogidas en los artículos del 50 al 80 inclusive del Proyecto de Ley de Cultura que fuera remitido a la Asamblea Nacional mediante Oficio No. T.4744-SGJ-2108, de la Presidencia de la República, el 14 de septiembre del 2009, contraría ampliamente la concepción sistémica del texto constitucional y crea una serie de instituciones públicas innecesarias para la vigencia de los derechos culturales.

Cultura es el otro nombre de la solidaridad. Sigue multiplicando este mensaje.