Nobel Aung San: no a la dictadura

Aung San Suu Kyi, nació en Rangún, Birmania, 19 de junio de 1945. Es la personalidad representativa de la oposición birmana contra la dictadura militar que ocupa el poder desde 1962 en un país del sudeste asiático, que limita al norte con China, al sur con el mar de Andamán, al este con Laos y Tailandia, y al oeste con la India, Bangladesh y el golfo de Bengala.

Suu Kyi es hija de Aung San, héroe nacional que firmó en 1947 el tratado de independencia con el Gobierno británico antes de ser asesinado. Tras diplomarse en Oxford, trabajar en la Secretaría de las Naciones Unidas y ser profesora en la India, Aung San Suu Kyi regresó a Birmania en 1988 y participó en el "segundo combate en pro de la independencia nacional". Este combate se inspiró en el ejemplo pacífico de Gandhi y en su fe budista, que le llevó a propugnar una "revolución del espíritu que se manifiesta mediante el reconocimiento de la necesidad del diálogo y la compasión por los más humildes".

En 1989 fue sometida a arresto domiciliario en Rangún. Asumió la dirección de la Liga Nacional para la Democracia, que ganó las elecciones en 1990 por mayoría aplastante. Como las autoridades militares se negaron a tener en cuenta este resultado, su partido no pudo formar un gobierno civil. Aung San Suu Kyi, sujeta a estrecha vigilancia, prefirió permanecer al lado de su pueblo dando testimonio de su fe en "la idea del bien y de lo justo".

Recibió sucesivamente el Premio Thorolf Rafto de defensa de los derechos humanos y el Premio Sájarov de libertad de pensamiento. Su propósito de que el drama birmano no cayera en el olvido fue recompensado el 14 de octubre de 1991 con el Premio Nobel de la Paz gracias al cual dio a conocer su combate al mundo entero rechazando el exilio que se le proponía a cambio de su silencio.

Sometida de nuevo a arresto domiciliario en 1996, rara vez ha podido recibir visitas, aunque consiguió enviar a las Naciones Unidas algunos mensajes grabados que denuncian el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en su país, pidiendo a la comunidad internacional que conceda la prioridad a los derechos políticos de la Liga Nacional cuya dirección sigue asumiendo.

En septiembre de 2007 fue trasladada a un nuevo recinto penal debido a las manifestaciones que se realizan en todo el país exigiendo democracia. San Suu Kyi ha sido excarcelada, después de cumplir una pena injusta, el 13 de noviembre pasado. Fue recibida en la puerta de su domicilio por unas 3.000 personas. Suu Kyi pasó 15 de los últimos 21 años encarcelada o privada de libertad en un país también prisionero.

Aung San Suu Kyi, en la plenitud de la sociedad de la información, del extinto principio de la explotación del hombre por el hombre, del buen vivir, de la total igualdad de los derechos, de los máximos niveles del dialogo civilizado y del uso de la libertad y democracia, significa por su lucha ética y frontal, el inicio del fin de 48 años de una dictadura militar sangrienta, inhumana e incomprensible en un mundo donde por encima de todo está el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos.

Democracia y Policía

El 30 de septiembre de 2010 será un día aciago para la sana convivencia social de este país. Será un día de luto para el pueblo ecuatoriano. La página será por siempre inédita en un mundo civilizado. Es que resulta inconcebible que la Fuerza Pública se rebele contra un Presidente de la Nación, incluso ante el evento paradójico que haya una persona indefensa que desafíe y provoque a una multitud enfurecida y armada.

El Jefe de Estado, conforme con su altísima y serena magistratura, en todo lugar, incluso en un regimiento policial, personifica la Constitución y democracia.

Universalmente se reconoce que democracia (del griego, demos, ‘pueblo’ y kratein, ‘gobernar’) es el sistema político por el que el pueblo de un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los procedimientos legales de destitución y son, al menos en principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante los ciudadanos.

En toda democracia, el poder civil, envestido de la fuerza de la legalidad y de la moral, entrega armas y uniformes a un grupo supuestamente selecto para que proteja a la sociedad de la barbarie y la delincuencia; cuando lo hace, también le impone límites.

Estos son:

Los derechos constitucionales no pueden alterarse o modificarse por las leyes que reglamenten su aplicación.

Nadie debe limitar la intimidad de la persona.

Las limitaciones a los derechos que no provengan de una ley son inconstitucionales.

El máximo personero del poder Ejecutivo es el Presidente de la República, él también es el Comandante en Jefe de la Policía Nacional y por medio de decretos fija los pormenores de las leyes.

El Ministro del interior, antes llamado de Gobierno y Policía, es el conductor de la institución y de su relación con el Gobierno Nacional.

También, por voluntad popular, los miembros de la Asamblea Nacional, autores de leyes de policía; los alcaldes y concejales, autores de ordenanzas para mantener el orden a nivel local, son mandatarios que merecen en todo lugar y circunstancia, un trato solemne y respetuoso de todos los miembros de la institución policial.

La Policía realiza un servicio público, porque todas las actividades que desarrolla deben ir en beneficio de la sociedad, no en provecho individual propio de quien las ejerce cumpliendo su deber.

El policía es un caballero de la paz, un incondicional de la Justicia, conoce de juicios civiles y criminales, otorga derechos a una de las partes o absuelve o condena por los crímenes.

La Policía puede privar al infractor de su libertad, aplicar una pena pecuniaria (multa), clausurar un lugar físico en donde se produjo la infracción que motivó la sanción, haciendo cesar la activad del lugar en forma temporaria o definitiva, destruir el objeto con el que realizó la infracción que se sanciona (decomiso) y realizar muchas otras acciones inherentes a sus funciones, pero todas ellas y, sin excepción, deben estar fundadas en leyes y no en decisiones deliberantes. Esto es un principio irrefutable y permanente, que no cambió por el derecho a sufragar que ahora, por una iniciativa errónea del propio Presidente, tienen los policías.

Por otra parte, hay ciudadanos inconformes que reclaman desesperadamente por algo que les incomoda y creen que la solución es la mano dura de los policías, pero ellos no pueden actuar a su gusto, sino que en forma profesional, observando el derecho público y común que le es aplicable y cumpliendo las órdenes de su Alto Mando.

Esto es incluso, cuando un gobierno en una situación de emergencia, para promover el bienestar general y el bien común puede restringir derechos para proteger la seguridad. La moralidad y la salubridad. Ya que la situación de emergencia debe tener un plazo determinado, beneficiar a toda la sociedad, la crisis debe ser notoria y la ley que la establece, razonable.

Hiroshima y los EE.UU.

Uno de los últimos destinos de los innumerables viajes del presidente Correa fue la ciudad japonesa de Hiroshima, en la que cada 6 de agosto desde 1947, miles de personas participan en una ceremonia multiconfesional en el parque de la Paz, construido en el lugar en donde explotó la bomba atómica.

En 1996, el Memorial de la Paz (Cúpula de Gembaku), símbolo de esperanza para la paz mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un lugar que inspira serenidad a los hombres, curiosamente en Rafael Correa provocó un efecto inverso y reanimó su violencia contra los periodistas, a los que trató de buitres y gusanos.

Mientras, Correa elogió a los japoneses y visualizándolos como mejores socios, lamentó que Estados Unidos haya usado las bombas atómicas, pero no profundizó en las causas de tal decisión, pese a que la historia está registrada en las mejores enciclopedias disponibles, que señalan:

Los japoneses ocuparon el sur de Indochina el 23 de julio de 1941. Dos días después, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos congelaron los activos japoneses para impedir que Japón pudiera adquirir petróleo.

El 7 de diciembre de 1941 el gobierno japonés lanzó un ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawai. Después de intensos años de lucha y la rendición de Alemania, el final de la II Guerra Mundial no se avistaba.

A pesar de que la situación de Japón era desesperada a comienzos de 1945, la mayor parte del Ejército japonés se encontraba en buenas condiciones y estaba desplegado en los archipiélagos y en China. Los japoneses dieron una muestra de lo que aún podía esperarse de sus fuerzas recurriendo a las actividades de los kamikazes (en japonés, ‘viento divino’), ataques aéreos suicidas, durante los combates en la isla filipina de Luzón.

Ante la expectativa de los norteamericanos, el presidente Harry S. Truman permitió que se lanzaran las bombas atómicas; la primera cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto, y la segunda se lanzó sobre Nagasaki tres días después. El mando supremo aliado informó que en la destruida Hiroshima, sede de una importante base militar, 129.558 personas murieron, fueron heridas o desaparecieron a causa del lanzamiento, y más de 176.987 perdieron sus hogares. Se trató de una lección contundente para un pueblo imperialista, cruel y depredador con sus vecinos.

Finalmente, Japón, que no tenía armas atómicas, anunció su rendición el 14 de agosto. La firma oficial se realizó en la bahía de Tokio a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre de 1945. La delegación aliada estaba encabezada por el general MacArthur, que pasó a ser el gobernador militar del Japón ocupado.

D.D.H.H. en Colombia

Los colombianos son orgullosos de su música, café, flores, petroquímica e industria, lamentablemente no pueden serlo en materia de derechos humanos.

Desde el Bogotazo, la violencia se multiplicó dramáticamente hasta hoy. Narcotráfico, guerrilla, terrorismo de Estado, mafias, delincuencia, paramilitares han sido una mezcla mortal para el pueblo colombiano y han colocado ha ese país en condición de Estado fallido.

Las FARC tuvieron en las cuerdas a los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Con el apoyo militar de Estados Unidos, las fuerzas de Álvaro Uribe enfrentaron con mano de hierro a guerrilleros, secuestradores y delincuentes. No acabó con ellos, pero sí, con miles de civiles inocentes, llamados cero positivos, y también con el dialogo y la reconciliación nacional.

El conflicto interno colombiano, diariamente provoca muertos de la fuerza pública y grupos ilegales, también de periodistas, dirigentes sindicales, líderes indígenas y activistas de derechos humanos. Estos últimos tan odiados y acusados por los gorilas del Estado por supuestamente defender a los delincuentes y no a ellos.

Esta torpe idea podría tener apoyo popular en el país cafetero. La gente quiere trabajar y vivir en paz, aunque para lograrlo haya que discriminar y matar a muchos, al fin y al cabo 7 de 10 son mayoría y apoyaron decididamente, conscientes o cautivos, primero a Álvaro Uribe y ahora a Juan Manuel Santos.

Lo curioso es que el poder político colombiano no puede negar una larga relación poder político-narcos. Una sociedad civil débil y la falta de oposición real, fortaleció a los partidos hegemónicos que han mantenido subordinada a la Justicia y se cruzaron de brazos cuando importantes mandos militares han sido reclutados por los Carteles.

Los colombianos han invadido de cocaína y marihuana nada menos que a Estados Unidos, primera potencia mundial que ha respondido con la DEA, Plan Colombia, Base de Manta, Iniciativa Mérida, entre otras medidas estratégicas.

Al narcotráfico se debe adjudicar conocidos casos de violación de los derechos humanos. Es una industria de muerte, lamentablemente mueve gigantes fortunas, tentación envolvente cuando el hambre, pobreza, ignorancia, violencia e injusticia son pan de cada día.

Es un virus maldito que ataca a todo el cuerpo social, se trata de una pesadilla disfrazada de un dulce sueño en que uno tiene todo lo que quiere, hace lo que le plazca, se llena pronto de dinero, no trabaja duro, anda en los mejores carros, es famoso, querido, admirado y …!temido!

Tienen tantos feligreses, que se habla de una subcultura narco, que incluye música, moda, cine, etc.

Tiene hasta una lengua propia: traquetear, darle piso, cocinas, capos, picados, perico, laboratorio, merca, etc.

Enrola a jóvenes y viejos, médicos, modelos, mecánicos, bailarinas, contadores, ingenieros, secretarias, taxistas. Almas de dios, gente que quieren una vida digna, que entraron en un viaje estúpido, pensando en salir algún día, vivos y ricos; pero la realidad es otra, el narcotráfico lo pudre todo. Destruye familias enteras, en manos de sicarios sanguinarios.

La violencia de Colombia, no incumbe solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Tiene especial repercusión en sus vecinos, a los que afecta directamente en múltiples ámbitos.

Al Ecuador, en su frontera norte, con miles de refugiados, instalaciones “clandestinas” de grupos armados, contrabando de combustible, violación de soberanía con ataque militar el 1 de marzo de 2008, incursión que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Al Ecuador, en su imagen y prestigio internacional, con un acoso mediático para involucrar directamente a los ecuatorianos en una barbarie ajena. El último caso es el golpe mortal de Santos en Putomayo, con la operación fortaleza 2, con al menos de 27 guerrilleros muertos del Frente 48. Colombia agradeció al Ecuador, pero las autoridades nacionales aclararon que no han intervenido en modo alguno.

Ya no más masacrados ni genocidios en nombre de Dios, ni en decisiones políticas. Luchemos por construir un mundo de paz y trabajo. Luchemos por lograr una sociedad más justa y equitativa, donde el pan alcance para todos. De qué vale tanta ambición material si al final la muerte nos espera.

SB 1070 y DD. HH.

Para hablar de Derechos Humanos en estos tiempos, necesariamente tenemos que adentrarnos en las profundidades de la política, analizada desde el punto de vista científico, materialista e histórico, como fuente y motor del desarrollo de los pueblos, donde las sociedades han formado infranqueables barreras antagónicas en la interminable lucha de clases.

Es la política la que crea las grandes ambiciones por acumular fortuna o desactiva las energías de aquellos que se sienten marginados por las inequidades. En todo caso, nadie debería estar alejado de tal actividad, porque es la política la que mueve a los seres humanos y los enfrenta en una lucha de clases o intereses de clase, antagonismo que generalmente provoca la violación de los derechos humanos, hoy considerados fundamentales y universales para una sana convivencia humana.

Siempre la universidad ecuatoriana, comprometida con los grandes anhelos de justicia, libertad, democracia y autonomía, ha incluido dentro de su malla curricular la asignatura DERECHOS HUMANOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. Propuesta académica que nos parece muy importante ya que los profesionales del derecho tienen la obligación moral y ética de estudiar desde el punto de vista doctrinario y del derecho positivado todos los derechos que protegen al ser humano.

En teoría la comunidad internacional ha dado gigantescos pasos con la elaboración de un marco jurídico mundial (pactos, protocolos, declaraciones, proclamaciones, resoluciones, convenciones, etc.), los mismos que garantizan los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos de los pueblos y de las personas; pero la realidad es otra. Entendiendo que "los gemidos de angustia de los pobres y los gritos de dolor de los ultrajados retumban en los túneles: de la historia y del presente". Clamores y angustias que tendrán que ser asistidos y sanados por una nueva generación de juristas, que se están formando en la academia, Inteligencias que lucharán y exigirán en los más diversos foros el imperio de la justicia.

El Catedrático universitario Dr. Dilmer Meza Intriago, en su libro “Surgimiento y desarrollo del derecho internacional público”, cita al profesor Marco Gerardo Monrroy Cebra, para indicar que el origen del los derechos humanos se remonta a las legislaciones más antiguas como “El código de Hammurabi, las leyes de Solón, los 10 mandamientos de Moisés, código de las diez libertades humanas esenciales y controles para la vida humana de Manú y Buda, la Escuela Estoica y el Cristianismo, al proclamar la igualdad de las personas ante Dios. En realidad es largo en proceso histórico que hombres y mujeres de toda la Tierra, han llevado a efecto para liberar al ser humano de las más brutales e inconscientes violaciones a los derechos humanos. Sin desconocer desde el plano filosófico los aportes del racionalismo individualista de Grocio, Montesquieu, Locke, Rosseau, etc., que contribuyeron a consolidar una doctrina de los derechos individuales y de los derechos del hombre y del ciudadano.

Pero la conquista más significativa en esta materia, fue la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma que ha inspirado a las constituciones de muchos Estados para que protejan a los seres humanos y en su Art. 1 dice “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”.

En consecuencia toda la comunidad internacional ha quedado estupefacta al ver que en pleno siglo XXI aún se siga criminalizando el derecho a vivir, el derecho al trabajo y el derecho a escoger libremente un sitio para vivir. Por ello la Ley SB 1070 que se acaba de promulgar en Phoenix para aplicarla en el Estado de Arizona, debe ser objeto de rechazo y estudio permanente, de derechos humanos, donde no basta el bloqueo parcial de ciertos artículos que criminalizan a cualquier migrante, el sólo hecho de redactar una ley como esa, es preocupante.

Ahora la gran pregunta que sobre todo el mundo occidental se hace es ¿cuál es el rol del “Organizador Comunitario” Barack Obama, hoy presidente de los Estado Unidos de Norteamérica?.

DD.HH. en Oklahoma

Oklahoma es un estado en el centro-sur de los Estados Unidos de América. Con una población estimada de 3.579.212 habitantes en 2006 y una superficie de 181.035 km². Oklahoma se convirtió en el cuadragésimo sexto estado en ingresar en la Unión el 16 de noviembre de 1907, a partir del Territorio Indio. La capital y la mayor ciudad del Estado es Oklahoma City. Cuenta con 77 condados.

Oklahoma es un importante productor de gas natural, petróleo y diversos alimentos. La economía de Oklahoma está basada en la aviación, energía, telecomunicaciones y la biotecnología. Es una de las economías de más rápido crecimiento de EE. UU., el tercer estado en la clasificación de ingresos per cápita y el líder en crecimiento del producto nacional bruto

Actualmente el estado Oklahoma cuenta con una población de 3.579.212 personas, de los cuales: el 72,0% son blancos (europeos o descendientes de europeos), el 7,4% son negros, 6,8% son hispano/latinoamericanos (entre los que predominan los mexicanos), el 1,7% son asiáticos, el 11,4 son nativos americanos (de los cuales un 7,9 son cheroqui).

En el año 2006, el 4,7% de los residentes de Oklahoma habían nacido en el extranjero, en comparación con el 12,4% para la nación. La población de origen latino es la de más rápido crecimiento, debido a la alta tasa de crecimiento de las familias hispanas, y a la inmigración constante de mexicanos.

Oklahoma está impulsando una dura ley antimigratoria que ha provocado el rechazo de la comunidad latina en Estados Unidos y de los trabajadores del mundo, quienes el pasado Primero de Mayo marcharon en solidaridad de cientos de miles de inmigrantes que más allá de su condición migratoria, sufrirán por igual la presión del racismo y la violación de sus derechos humanos.

Recordemos, LOS DERECHOS CIVILES incluye el derecho a la seguridad personal, que a su vez comprende:

• El derecho a la nacionalidad.
• El derecho a la libertad de movimientos.
• EL DERECHO A LA MIGRACIÓN.
• El derecho de asilo, considerando el asilo como derecho y no como garantía.

Pero en Arizona se advierte que mientras el gobierno federal siga ignorando el problema inmigratorio, vendrán cosas peores e inevitables para la comunidad latina aunque ésta se una y trabaje por una reforma inmigratoria que favorezca a los derechos civiles.

Sin embargo, la mano dura de Oklahoma no debe sorprender a nadie, antes con la Ley de Ciudadanos y Contribuyentes, conocida también como “Ley 1804”, aprobada en 2007, que entró en vigor el 1 de junio de 2007, pero sus elementos de verificación en el empleo y sanciones a los patrones que no comprobaran la legalidad de sus trabajadores, no han podido ser aplicados por estar bajo la orden de suspensión judicial.

Asimismo, en 2005, los legisladores de Arkansas aprobaron un proyecto conocido popularmente como la Ley de Garrett bautizada con el nombre de un bebe presuntamente nacido con metanfetamina en su metabolismo. Según la Ley de Garrett, se supone que las madres de los niños recién nacidos que resultaran positivo para drogas ilegales son culpables de negligencia paternal y el personal médico puede denunciarlas a la policía y a los trabajadores de asistencia al menor.

Con su aplicación, se ha demostrado que esta ley no trata de la salud de los niños, pero tiene todo que ver con controlar el consumo de drogas en ciertas poblaciones. Sus autores creen que las personas que consumen drogas son malos padres, pero no existe alguna pesquisa probada que documente la medida en que el consumo de drogas y la capacidad de ser padre están verdaderamente asociados. De hecho, hay 72 millones de personas que admiten haber usado marihuana en EE.UU. ¿Acaso todas ellas son malos padres?

Así las cosas, la prospera y acogedora Oklahoma, cada vez más, es sinónimo de violación de derechos humanos de miles de familias y comunidades que sufren, de trabajadores explotados, inmigrantes aterrorizados por el temor a las belicosas redadas.

Los Derechos humanos en Cuba

Hay gobiernos que quieren hacer creer a los pueblos que los derechos humanos (DD. HH.) son canjeables: ustedes elijan, estabilidad o DD.HH.; qué prefieren, seguridad o DD.HH.; será mejor desarrollo económico, que DD.HH. La cuestión es que para el poder (sea de derecha, centro o izquierda) lo esencial pasa a ser accesorio, aunque en su cínico discurso prevalezcan los derechos humanos.

El caso de Cuba, está envuelto de controversia y debate, varios informes de derechos humanos señalan que el gobierno de ese país restringe la libertad de expresión, somete a torturas, realiza detenciones arbitrarias y procesos con fines propagandísticos.

Cuestión que dejó de ser una duda, cuando Orlando Zapata Tamayo, murió luego de pasar 85 días en huelga de hambre. El disidente Zapata, de 42 años, murió en el hospital Amejeiras de La Habana, se trata del primer deceso por esa causa en 40 años en la isla caribeña.

La muerte de Orlando Zapata pudo evitarse, ya que existen procedimientos médicos para evitar que una persona que está en huelga de hambre muera de inanición. Lo sucedido a Zapata es considerado por algunos un caso de eutanasia, para otros de homicidio. En todo caso se trata de una paradoja, ya que Cuba es reconocida por sus avanzados estudios en medicina y en este caso Hipócrates, quedó en la leyenda griega.

Zapata se encontraba en prisión desde 2003 por participar en una huelga de hambre, pero su condena se habría elevado a 25 años y seis meses de prisión por diversos delitos como desacato, desorden público y resistencia. Para el régimen cubano Zapata era un "mercenario" a sueldo de Estados Unidos, en cambio para las organizaciones de derechos humanos era un preso político. Para los familiares de Orlando Zapata Tamayo, no era sino uno de ellos, negro y pobre, pero un ser rico en ideas y esperanzas.

Una vez que se difundió la muerte de Zapata, hubo la condena de varios gobiernos, pero ninguno de ellos pareció franco, sino con interés político –como ha sido siempre- recordemos que la Unión Europea en 2003 impuso sanciones contra Cuba, que posteriormente, en 2007, le fueron levantadas, sin justificaciones ni resultados.

Ciertamente el gobierno de Cuba ha logrado legítimos reconocimientos a sus logros en materia Derechos Humanos. Cuba se destaca en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, esto en el área de la salud y la educación fundamentalmente. Cuba es un país sin desnutrición infantil, tiene uno de los mejores Índices de Desarrollo Humano de la región y su atención al ambiente está entre los 10 mejores del mundo.

Los cubanos tienen garantizados algunos de sus derechos humanos como la salud, la educación, el deporte y la cultura. La instrucción es gratuita totalmente, no hay analfabetismo, y todos los jóvenes pueden acceder a las universidades.

El acceso universal y gratuito a los servicios de salud constituye uno de los derechos humanos más esenciales, las policlínicas remodeladas, salas de fisioterapia, centros de terapia intensiva y de hemodiálisis.

Estos logros son desconocidos, precisamente por quien es su mayor examinador en materia de derechos humanos: Estados Unidos, potencia que somete a la isla a un severo bloqueo económico desde 1961.

El gobierno cubano, considera que los estadounidenses no tienen autoridad moral para condenar supuestos abusos de derechos humanos en otros países, cuando se ha verificado que en forma reiterativa éstos los violan dentro de sus fronteras y alrededor del mundo.

Los casos de violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos son múltiples. Abusos xenófobos, cárceles repletas de gente que clama un juicio justo, aplicación de la pena de muerte, ataques a familias pobres y sin hogar, carencia de servicios médicos y educativos para millones de estadounidenses, ponen en duda el ejemplo que da la mayor potencia mundial en materia de derechos humanos.

Y obviamente, su cuestionada realidad e ímpetu anticubano, no contribuye a dilucidar lo verdadero o lo falso de lo que realmente sucede en la isla de Martí. En todo caso, la muerte de Orlando Zapata Tamayo no será en vano, si en Cuba imperan los derechos humanos y el tema supera la dicotomía Washington- La Habana.

Barcelona 0 – Censura 7

Barcelona Spórting Club perdió por goleada, por un error de su presidente, el publicista, empresario, dirigente deportivo y político Eduardo Maruri Miranda, quien encabeza el directorio que impuso el veto al periodista Carlos Víctor Morales, impidiéndole ingresar al estadio Monumental, violando de paso, los derechos a la libertad de expresión y el derecho al trabajo del conocido comunicador social.

Al igual que Kléber Chica, presidente de AER Núcleo del Guayas, todos los comunicadores sociales rechazamos categóricamente la inoportuna decisión del Directorio de Barcelona que coarta la libertad de expresión. Todavía más, Chica ha dado un noble ejemplo a los empresarios de medios y periodistas deportivos de Manabí, para que demuestren solidaridad y compañerismo.

Eduardo Maruri abrió el marcador ¡un autogol inédito!, cuando se convirtió en verdugo con el pretexto que lo hacía para que se respete a Barcelona y castigar a Carlos Víctor Morales que se habría transformado en detractor feroz a la gestión presidencial de la institución deportiva más popular del país.

Por su parte, el periodista Carlos Víctor Morales quien trabaja como comentarista en radio Tropicana, Canal Uno y como articulista en diario Súper, dijo que el impedimento del 13 de febrero, justificaría una acción legal para precautelar sus derechos. Ojalá lo haga, pero no es prioritario para la sociedad seguir las incidencias de la pugna Barcelona-Morales, si éstas se transforman en capítulos de farándula barata.

Lo fundamental es que hasta ahora, con la derrota de Barcelona, es la sociedad ecuatoriana la que ha sufrido otro agravio a la urbanidad y el estado de derecho.

Ya no basta con que el poder político denigre al periodismo y que los periodistas sean considerados horrorosos, bestias y la peor calidad de gente. Ya no es suficiente que un periodista sea expulsado del Palacio de Carondelet o que un presentador sea despojado de la pantalla por insinuación de un funcionario gubernamental.

Desde hace poco tiempo un periodista no es nadie para pedir transparencia. Su presencia no es grata en muchas instituciones: ¡ministerios, hospitales y tribunales lujosos, pero apestosos a corrupción!

En esta crisis moral y social, tenía que pasar…los santuarios del deporte que son un espacio natural para los periodistas deportivos, ¡también tenían que cerrar las puertas! Ahora Carlos Víctor Morales no puede ingresar a un estadio de futbol. Así las cosas, a un periodista no le permitirán siquiera el acceso a un baño público, aunque esté repleto de excrementos.

Los periodistas mantenemos inquietos a los poderosos y algunos de ellos no tienen otra opción que convertirse en censuradores ya vencidos por la constancia de un hombre que trabaja en caliente, que persiste, que resiste, persigue los hechos día a día.

Bien lo dijo, Andrew Vachss: “El periodismo es la protección entre la gente y cualquier clase de regla totalitaria. Es por eso que mi héroe, obviamente dañado, es periodista.”

Las circunstancias han convertido a Carlos Víctor Morales en un “héroe dañado”, incluso ante la posibilidad que él haya olvidado que la misión de un periodista deportivo es orientar tanto al aficionado como al deportista y al dirigente, a que vean al deporte como una actividad en la que se gana, empata y se pierde, pero más allá del resultado siempre debe imperar el respeto, armonía y amistad.

Pero nada. Absolutamente nada justifica que Eduardo Maruri Miranda, como político y comunicador social, de demócrata y hombre de ideas libres se haya transformado en un opresor de la libertad de expresión.

Al no tomar en cuenta el señor Maruri que el país necesita ejemplos de tolerancia, equilibrio y respeto y que entre el club y los medios de comunicación deben existir las mejores relaciones posibles, provocó el peor resultado de esta temporada: Barcelona 0 – Censura 7.

Correa, Manta y las FARC

El tiempo pasa, y el gobierno de Rafael Correa cumple tres años. En el balance de los hechos es posible encontrar las respuestas para entender por qué día a día aumenta el número de personas que tenemos más divergencias que aproximaciones con la autodenominada Revolución Ciudadana.

Esto, no significa de modo desconocer algunos aciertos del presidente Correa, entre ellos desarrollar un amplio programa de desarrollo social, promover la integración regional por medio de la UNASUR, liberarse de grupos académicos o políticos perjudiciales, (léase FLACSO, Democracia Popular con Fander Falconí y Carlos Vallejo como iconos) que menguan la esencia de su ideología, y rescatar la memoria del Ecuador por medio de Comisiones ad hoc.

Y entre todas ellas, la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo del 2008 de Angostura, es la que aportó más verdad, pese que afectó a algunos personajes del propio correísmo.

La Comisión, fue integrada por los siguientes ciudadanos: Israel Batista Guerra, representante de los movimientos sociales; Luis Enrique Galarza Alarcón, representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; Walter Gellibert Larreta, representante de los medios de Comunicación; Francisco Huerta Montalvo, representante del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, Carlos Moncayo Gallegos, General en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre, quienes se autodenominaron “Comisión de Transparencia y Verdad Caso Angostura”. Ellos llegaron a las siguientes conclusiones:

Una Comisión de Verdad y Transparencia, sobre cualquier asunto de trascendencia nacional debe tener garantizada su autonomía e independencia; condiciones que se cumplieron en la Comisión de Angostura.

La inteligencia estratégica procesada desde la Base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes como blanco prioritario para el Gobierno de Colombia.

La concepción de soberanía no se reduce solamente a la ocupación de áreas territoriales sino también al uso de plataformas tecnológicas para la producción de Inteligencia Estratégica con múltiples filmes, sin acceso y control del país sede.

El convenio de la Base de Manta firmado para el control del narcotráfico rebaso sus fines y propósitos.

El Sistema Nacional de Inteligencia no ha estado integrado y coordinado entre los diferentes servicios institucionales de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional, lo que evidencia la debilidad institucional de los mismos.

El financiamiento externo otorgado como cooperación determinó el sometimiento de los mismos a los intereses de terceros países.

La información reservada del Estado debe ser protegida, a fin de que no sea mal utilizada, lo que vulnera al sistema de seguridad y defensa nacional.

La cooperación inter agencial de los Estados en temas de seguridad, debe basarse en mutuos intereses, liberados de prejuicios ideológicos.

A nivel continental existe la pretensión de formar un movimiento para implementar acciones políticas y /o militares que lleve a la toma del poder en los diferentes países.

Las FARC, tuvieron la capacidad de desarrollar, en el Ecuador, su estrategia de relaciones internacionales, mediante la organización del II CONGRESO DE LA COORDINADORA CONTINENTAL BOLlVARIANA; para difundir su proyecto político.

Los eventos realizados con ocasión del CONGRESO DE LA COORDINADORA CONTINENTAL BOLlVARIANA, no tuvieron repercusión en la población nacional, porque la mayoría de los ecuatorianos rechazan la violencia como medio de acción política

Los actores políticos del país, Gustavo Larrea, Periodista María Augusta Calle, General René Vargas Pazzos, Crnel. Jorge Brito, José Ignacio Chauvin a pesar de sus altas funciones políticas y de sus respectivas profesiones, como por ejemplo: Investigador social, periodista de la Telesur, fundador del Movimiento Alfarista Bolivariano y miembro del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, conferencista nacional e internacional; fundador de las Brigadas Bolivarianas, en su comparecencia a la Comisión de Transparencia del caso Angostura, manifestaron no conocer absolutamente nada sobre el ideario ideológico y militar de la Coordinadora Continental Bolivariana.

La incursión militar colombiana sobre el campamento de Angostura, constituyó una flagrante violación a la soberanía nacional y a las normas de origen internacional.

La violación de la soberanía nacional de los países no puede ser justificada por ninguna doctrina jurídica.

Autoridades de la fuerza pública y de la fiscalía colombianos, ejercieron funciones sin jurisdicción ni competencia en territorio ecuatoriano, contaminando el escenario de los hechos.

Informes periciales realizados sobre algunos cadáveres determinan la violación de derechos humanos.

Los acuerdos binacionales sobre las medidas de confianza mutua, no cumplieron sus fines y objetivos.

La presencia de los GIAC mediante la instalación de campamentos y de laboratorios de procesamiento de droga configuran una permanente violación de la soberanía nacional y a la integridad del territorio.

No se cumplió con la cadena de custodia de las evidencias levantadas' 'en el Campamento de Angostura por parte de las fuerzas del orden.

La iniciativa estratégica de información la mantuvo Colombia, después de los sucesos de Angostura, con una campaña mediática a nivel mundial.

Las actividades del narcotráfico y sus infracciones conexas son, de tal magnitud que su combate debe involucrar a la comunidad nacional en su conjunto.

Pese a los operativos de control de narcotráfico, el sistema de justicia no ha podido determinar a los principales responsables.

Existe una falta de control en la importación y destino de precursores para el procesamiento de la droga. Por lo que el Ecuador ha dejado de ser un país solo de transito para empezar a ser un lugar de procesamiento.

Las FARC y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales conforme se evidencia en el cuerpo del informe.

En el cumplimiento de los objetivos y fines de la Comisión se detectaron otros indicios relacionados con el narcotráfico y un sector de las FARC.

Después de conclusiones tan categorías de personalidades de probada solvencia moral, podemos afirmar que después de tres años no todo está perdido en nuestro país. Por último, desde esta columna solemnemente propongo que consideremos a los miembros de la “Comisión de Transparencia y Verdad del Caso Angostura” como Personaje del Año 2009, otro lapso de los tres de de una revolución que expone pocos cambios y logros profundos.