Un mensaje, muchas voces I

El 9 de diciembre pasado, diario El Universo de Guayaquil, publicó un excelente material a propósito de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el incluyó la opinión de 104 comunicadores haciendo un parangón con los 104 artículos del proyecto de Ley de Comunicación.

Se trató de una iniciativa de unidad impostergable, sobretodo cuando es evidente que hay interesados en profundizar las divisiones y rivalidades entre comunicadores y medios, por motivo de sana competencia o dificultades personales en el pasado.

De hecho, en Manabí algún dueño de un canal de televisión hizo hincapié que no deben haber más “periodicazos”, mientras periodistas de un periódico portovejense insisten que la gente de radio, hace quedar mal a los comunicadores. Lamentablemente, lo sucedido en esta provincia, se repite en todo el país.

Felizmente, poco a poco, los periodistas ecuatorianos estamos entendiendo que lo fundamental es más importante que lo accesorio, que nuestro primer deber es defender la libertad de expresión y promover los derechos de la comunicación.

Entre los 104 periodistas, El Universo incluyó a los colegas manabitas Nancy Vélez, Julio César Armanza, José Manuel Cevallos y Carlos García, de cuyas palabras nos hacemos eco:

Nancy Vélez. El Diario: Es necesaria una Ley de Comunicación, pero que no esté dirigida a controlar medios, porque coarta la información y la ciudadanía perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo, además no podría verter sus opiniones. En varios artículos se limita la labor periodística, por ejemplo, si una información no le agrada a alguien se buscaría una sanción; además, se prohíbe que se publiquen hechos captados de forma fortuita y que revelen irregularidades.

Julio César Armanza. El Diario-Manavisión: El espíritu de la ley propuesta es represivo y oscurantista, y coarta el derecho ciudadano a una libre información y a la libertad de expresión y opinión. No han elaborado una ley de comunicación sino para medios y, bajo una retórica democrática, esconden un control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, algo necesario y respetado en todos los países democráticos del mundo.

José Manuel Cevallos. Diario La Hora: No creo necesaria una ley de comunicación. Prácticamente desaparecen los géneros de opinión, pues toda la información debe ser verificada y contrastada, según la ley, y eso es imposible en un artículo o columna. Los consumidores de la información no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial, no les daríamos elementos de juicio para que tomen sus propias conclusiones y aprendan.

Carlos García G. El Diario: Se intenta quitar libertades con una ley que regulará un derecho y obligará a los medios a cumplir temas que se sobreentienden y que los periodistas profesionales lo hacemos día a día como contrastar y contextualizar la información. Además, los ciudadanos no podrían emitir opiniones e informarse. Es algo muy subjetivo conceptualizar lo que es información y un atentado que un Consejo politizado decida, como veeduría ciudadana, si se cumple la ley.

En El Mercurio de Manta coincidimos con los colegas que el proyecto tal como está no es más que un largo recetario retórico en el que se esconde un afán de control oficial y evidencia un temor a la prensa libre que siempre ha contribuido a formar a la ciudadanía, que ésta perdería el derecho a conocer todo lo que está ocurriendo; que los lectores no tendrían información oportuna y con criterios diversos al oficial y como hombres y mujeres ya sometidos y amordazados no podrían emitir opiniones e informarse.

Un mensaje, muchas voces II

Quedarnos callados y no comentar tan oportuno trabajo periodístico, sería darle la razón a tanto imbécil que se ha adherido al que en cadenas sabatinas funge de infalible y perfecto.

Por lo tanto, los comunicadores manabitas siempre hemos tenido iniciativas integracionistas, y nos unimos a esta iniciativa del diario El Universo, multiplicando el criterio de los periodistas de las provincias hermanas de Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

Marcel Bonilla. Diario La Hora, Esmeraldas: Creo que es necesaria una ley para regular algunas acciones de los medios, pero no una que apunte a coartar la libertad de expresarnos libre y democráticamente frente a lo que pasa. Es un proyecto orientado a tener el control de los medios, periodistas y ciudadanos, para que no digan lo que piensan bajo el temor de una ley sancionadora. Como está diseñada, limita y restringe el ejercicio profesional y la libertad que tenemos a ser informados.

Marco Haro. Diario La Gaceta, de Latacunga: La Ley de Comunicación es uno de los hitos que marcan el proyecto político del Gobierno, cuyo objetivo fundamental es la demolición sostenida de toda forma de expresión crítica, en la cual la prensa libre juega un papel preponderante. Los ideólogos de la llamada Revolución Ciudadana buscan legitimar el establecimiento de un estado totalitario, bajo el argumento de que se les entregó en las urnas la facultad de interpretar los anhelos de cambio.

Wilson Olivo Antepara. Diario El Heraldo, Ambato: La comunicación es el máximo sistema inventado por el hombre, nadie puede normarla, peor con una ley como la que analiza la Asamblea, que coarta la información. Lo único que se conseguirá es mermar la calidad de la labor periodística, pues predominará el control oficial y, con eso, el poder político tendrá carta abierta para hacer y deshacer en los medios. Es criticable que se quiera crear un Consejo de Comunicación inquisitorial y gobiernista.

Marco Cadena. Diario La Hora, Imbabura: No creo necesaria una ley de comunicación. Este es un proyecto con dedicatoria para los medios, que coarta la libertad de información. Se habla únicamente de las responsabilidades de los periodistas, pero se dejan de lado los derechos. No se nombra en ninguna parte el deber que tienen las fuentes oficiales de entregar información. Los medios se convertirían en panfletos de lo que se quiere que se diga, mas no de lo que se debe decir.

Guido Briceño. Diario La Hora, Los Ríos: Es necesaria una ley, pero con las garantías de no coartar la libertad de expresión de todos. Este proyecto se inclina a los medios, porque busca sancionar y limitar el campo de acción de la libertad de expresión. Coarta el ejercicio porque el periodista va a estar limitado al acceso de información de la fuente. También existirá el temor de ser sancionado por publicar. Se exigen controles al publicar y se limitan contenidos.

Catherine Peñafiel. Diario La Hora, Santo Domingo: La regulación que se plantea como principal objetivo de la ley está en otras normativas: en el área civil, en el Código Penal, donde hay un capítulo entero para sancionar los delitos cometidos en los medios, y en la misma Constitución, que da a los ciudadanos la posibilidad de exigir correcciones. Una regulación de la comunicación se hace a través de un canal natural, de la aceptación o no de los radioescuchas, televidentes o los lectores.

Lady Torres. Diario La Hora, El Oro: La ley es justicia, no represión. Esta es una propuesta de ley creada para controlar y oprimir a los medios de comunicación, para no dejarnos hablar y decir lo que en realidad sucede. Tiene muy poco que ver con la comunicación, pues se trata de muchas formas de acabar con ella. Entre los artículos que podrían afectar la libertad de información está el 99, que habla de las sanciones por actos atentatorios, previo informe del Consejo de Seguridad.

Los periodistas manabitas estamos de acuerdo con estas ideas nacidas en el alma de las provincias de la Patria, ya que es innegable que se trata de un proyecto orientado a tener el control de los medios, periodistas y ciudadanos, para que nadie no diga lo que piensa, el control oficial demolerá toda forma de expresión crítica, que en contraparte no tendrá deber alguno de entregar información.

La aceptación o rechazo de los radioescuchas, televidentes o los lectores no contará de modo alguno. La información, el entretenimiento y el debate democrático desaparecerán en todas las provincias, sin excepción.

Un mensaje, muchas voces III

Las páginas de los periódicos independientes multiplicamos las voces con un único mensaje: libertad de expresión. La iniciativa del periódico de Guayaquil, El Universo, ha sido acogida fraternalmente por El Mercurio de Manta, Decano de la prensa manabita, y hoy como aquél 9 de diciembre, vibran los testimonios de los periodistas más reconocidos del país. Entre ellos, por cuestiones de espacio, el de Carlos Jijón, Ana Mariela Cevallos, Jorge Ortiz, Jorge Vivanco, María Alejandra Torres, Alfredo Pinoargote, Patricia Estupiñán, Francisco Febres Cordero, Xavier Segarra y Alfredo Espinosa de los Monteros.

Carlos Jijón. Teleamazonas: el ordenamiento legal existente garantiza y regula los derechos a la libertad de información y expresión. Pero se intenta darle al poder político capacidad para clausurar un medio, lo que hará que los medios opten por no publicar la información que a los políticos pueda molestar o la opinión de los ciudadanos que discrepen. El temor a ser cerrados estará latente, pues habrá un Consejo politizado, con mayoría gobiernista, que coarta la libertad.

Ana Mariela Cevallos. Diario El Universo: la ley de comunicación oficialista es un intento de proyecto para acallar a los medios, con un enfoque de control, de censura y de sanción. Es una ley que no está pensada para largo plazo, sino para una coyuntura política no dispuesta a que la comunicación represente apropiadamente el pluralismo de la sociedad, y que los flujos de información no corran en todos los sentidos y direcciones, sino solo desde el Gobierno hacia la ciudadanía.

Jorge Ortiz. Teleamazonas: no es necesaria una Ley de Comunicación. Las leyes civiles y penales son suficientes para impedir cualquier exceso de la prensa. Esta es, evidentemente, una Ley de Medios y, para colmo, duramente represiva. Coarta la libertad de información. Precisamente para eso fue incluida en la Constitución. Solo nos enteraremos de lo que el Gobierno quiera... Hay muchos artículos malos, pero lo peor del proyecto es su concepto amordazador.

Jorge Vivanco. Diario Expreso: la intención del oficialismo es constreñir la libertad de prensa. La creación del Consejo es la más clara prueba; es inconstitucional porque se trata de un Tribunal Especial, prohibido; con mañas se da mayoría al Gobierno. El establecimiento del registro de medios es una descarada espada de Damocles; se permitirá sobrevivir si cuentan con el agrado del oficialismo. Es el proyecto de más mala fe, creado para satisfacer la enemistad de un mandatario.

María Alejandra Torres. Diario El Universo: se busca coartar y generar autocensura. Las regulaciones y sanciones que se plantean ya están contempladas en las leyes, en materia civil y penal, incluso de manera estricta. ¿No se cumple como debería? No es responsabilidad de los medios, sino de las autoridades. Se pretende trasladar el juzgamiento de periodistas y medios a un órgano administrativo de conformación política para intimidar a quienes asumen una posición fiscalizadora del poder.

Alfredo Pinoargote. Ecuavisa: estamos frente a un proyecto de ley que grotescamente pretende someter a los medios de comunicación a la voluntad del Gobierno, pues coarta, acorrala y humilla la información al pretender imponer la autocensura para evitar problemas con un abusivo e inconstitucional sistema represivo. La ciudadanía va a estar como nunca antes desinformada. La responsabilidad ulterior de esa ley violará la Constitución, más el amedrentamiento y la persecución.

Patricia Estupiñán. Revista Vistazo: la ley debe promover la libertad de expresión y el respeto a los receptores y a quienes emitimos información. Solo intenta regular a los medios privados, pero deja de lado la comunicación oficial e internet, frente a lo cual estamos indefensos e intoxicados. En el proyecto de ley hay ignorancia de cómo ocurren los procesos de comunicación, y se observa un espíritu antidemocrático con un Consejo encaminado a cerrar medios y sancionar a periodistas.

Francisco Febres-Cordero. Revista Diners: hay la intención de poner una cortapisa a la libertad de expresión, pero la persona que necesita expresarse se va a expresar como sea, a pesar de cualquier obstáculo. La voluntad por decir es mayor a la voluntad por querernos acallar. El miedo es que genere autocensura. Lo demás es lo de siempre, lo que ha sido el periodismo: pasión, deseo de investigar, confrontar al poder. Eso no podemos perder, a pesar de cualquier estúpida ley.

Xavier Segarra. Telerama: el proyecto de ley está mal redactado y, obviamente, eso conlleva a múltiples interpretaciones, por eso yo considero que debe rehacerse. Cuestiono las atribuciones sancionadoras que le confieren al Consejo de Comunicación, pues ya existen leyes que sancionan la mala práctica periodística. La conformación de ese organismo sancionador es inconstitucional, pues se prohíbe la creación de tribunales para establecer sanciones a los ciudadanos.

Alfonso Espinosa de los Monteros. Ecuavisa: la ley no es necesaria, pues se busca el control político de los medios, intimidarlos, desacreditarlos y limitar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de los ciudadanos, quienes pierden medios masivos para expresar ideas, para debatir propuestas y tomar decisiones en democracia. El concepto de ‘responsabilidad ulterior’ como una figura para crear sanciones y el querer silenciar a los comunicadores que no tienen título son muy atentatorios.

Ojalá que, las voces de estos maestros del periodismo ecuatoriano, motiven a todos los colegas manabitas a conocer, analizar y promover un debate público en todos los cantones de la región sobre la Ley de Comunicación, que de aprobarse por los asambleístas, no afectará sólo a los medios, sino a todos los ecuatorianos sin distingos de raza, edad, color, religión, preferencia sexual y condición económica. No hacer nada sería estar en contra del Buen Vivir que habla de nueva Constitución.

Vigilia por Ley de Comunicación

Cuando el bloque PAIS optó por postergar el primer debate de la Ley de Comunicación, el presidente de la Asamblea, Fernando “corcho” Cordero afirmó que se hacía para “crear las condiciones políticas y sociales que permitan cambiar y mejorar ese proyecto de manera colectiva”. Hubo aplausos de diversas bancadas porque muchos creyeron que se estaba valorando la necesidad llegar al primer debate con el mayor acuerdo político posible.

También, el ex director del programa Cero Tolerancia, hoy activista social, Carlos Vera Rodríguez, dijo que se había logrado una “pequeña gran victoria”. De nadie dudo de su buena fe en sus actos, pero es mi derecho humano, político y civil no estar de acuerdo ni con unos ni otros.

Es que no podemos olvidar que la estrategia de fingir una retirada ha sido frecuente en la historia y es muy antigua.

La empleó Leónidas contra los persas, en la Batalla de las Termópilas, septiembre de 480 a. C. Según Heródoto el rey persa fue sorprendido y perdió parte de sus mejores tropas al intentar abrir una brecha en las líneas espartanas, que emplearon una táctica de fingir una retirada para después darse la vuelta y matar a los desorganizados soldados persas que corrían en su persecución.

El arte de la guerra fue escrito hacia el año 500 antes de nuestra era por Sun Tzu, advertía: Si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados, y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, con toda seguridad caerás prisionero.

Han pasado los siglos y en nuestro tiempo es común que las estrellas del espectáculo y del deporte anuncien su despedida, una y otra vez, pero no se retiran.

Relaciono la postergación del primer debate de la Ley de Comunicación con la estrategia de fingir una retirada, por algunos hechos relacionados, entre otros, que el presidente Rafael Correa haya acentuado sus críticas contra la prensa, la feroz cadena contra la prensa del 8 de diciembre pasado, la agresiva presentación del Secretario de Comunicación en la entrevista que concedió a Jorge Ortiz.

A propósito de esto último, el 9 de diciembre, el público televidente tuvo que soportar un espectáculo alejado del contexto periodístico. La máxima autoridad gubernamental en comunicación puso una tarjeta de crédito sobre la mesa y reclamó por ser maltratado por el Lcdo. Ortíz, quien no debió hacerle el juego. Ambos terminaron lesionando a los televidentes, dando una pésima lección de dialogo y convivencia democrática.

En un contexto mayor, la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación ha sido una ardua batalla para el oficialismo, no solo por la defensa de la libertad que hemos bregado los periodistas y los asambleístas de oposición al régimen correísta, sino por las observaciones de organismos de prestigio como la OEA, la UNESCO, Human Rights Watch ,SIP, entre otras.

El bloque PAIS no esperó tanta resistencia y dados los hechos, hubo una dosis mayor de violencia y fuerza, hasta que la gente más estratégica parecer haber optado por cambiar la tácticas, tanto ofensivas como defensivas, observando el principio que una acción siempre se antepone a la reacción.

En términos deportivos, la clave sería una finta tras otra, interrumpiendo o iniciando algo para ver como reacciona el rival, engañándolo, amagándolo hasta lograr, cada vez más, ventajas sobre el adversario.

Ojalá, la Asamblea Nacional pruebe su seriedad y respeto.

Concuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cuando dice "Ecuador está siguiendo una tendencia regional y adoptando una medida en la dirección correcta al proponer una nueva ley orgánica de comunicación", pero concuerdo mucho más cuando agregó: "Ahora corresponde a la Asamblea Nacional modificar la propuesta para asegurar que esta no sea una oportunidad desaprovechada".

Mientras tanto, para los defensores de la libertad de expresión, la postergación del primer debate de la Ley de Comunicación seguirá siendo la estrategia de fingir una retirada, con un contraataque anunciado. ¡Hagamos vigilia por Ley de Comunicación!